Desarrollos recientes en materia de acciones de daños tras infracciones del Derecho de la Competencia en España

(Publicado originalmente el 27/09/2018)

Recientes sentencias de los tribunales mercantiles de Madrid y Barcelona, en el marco del cártel español de los sobres de papel, aclaran cómo deben de interpretarse ciertas excepciones procesales y confirman cómo debe de aplicarse la jurisprudencia en la materia a las acciones de daños en España.

El cártel español de los sobres de papel y las reclamaciones presentadas

En marzo de 2013, la extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC) sancionó a varios fabricantes de sobres de papel por su participación en un cártel de fijación de precios, bid-rigging y reparto del mercado que tuvo lugar en España entre 1977 y 2010.

Tras la imposición de la sanción, pero antes de que se dictaran las sentencias que la declararon firme, varios consumidores afectados demandaron a algunos de los cartelistas ante los tribunales mercantiles de Madrid y Barcelona solicitando una indemnización por daños y perjuicios. Tras numerosas vicisitudes procesales, entre mayo y junio de 2018, dichos tribunales dictaron las primeras tres sentencias (de las muchas que se avecinan), dos en Madrid y una en Barcelona.

Sin perjuicio de que las sentencias de Madrid fueron a favor de los cartelistas demandados y la de Barcelona a favor de las demandantes damnificadas, tanto las sentencias de Madrid como la de Barcelona ofrecen una visión práctica de cómo deben de aplicarse las excepciones procesales tradicionales en demandas de daños en España.

La correcta interpretación de las excepciones procesales

De la lectura de las sentencias se advierte de forma clara que los abogados de las demandadas intentaron alegar todas las excepciones procesales posibles para paralizar o ralentizar las reclamaciones. En este sentido, las tres sentencias son muy útiles para los futuros demandantes (especialmente para las acciones autónomas o también llamadas stand-alone), ya que permiten conocer el estándar procesal aplicable y confirman la aplicación de la doctrina emanada del precedente histórico del Tribunal Supremo en el marco del cártel español del azúcar.

Prescripción de la acción: Uno de los principales argumentos esgrimidos por las demandadas se basaba en que la acción habría prescrito, dado que las demandantes debieron de haber presentado la reclamación en el plazo de un año (antes de la transposición de la Directiva de daños y perjuicios, era el plazo de prescripción general por responsabilidad extracontractual) a contar desde la publicación por parte de la CNC, en 2010, del comunicado de prensa en el que se anunció la apertura de la investigación. Las demandadas argumentaban que fue ese el momento en el que las demandantes disponían de toda la información necesaria para poder presentar una reclamación.

Las sentencias desestimaron dicho argumento en base a la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo antes mencionada, que establece que el plazo de prescripción sólo comienza cuando un posible demandante tenga conocimiento de que (i) podría ser víctima de una infracción de competencia; (ii) conoce la identidad de las posibles empresas responsables; y (iii) es capaz de calcular correctamente el daño sufrido. Sobre la base de dicha doctrina, las sentencias dictaminaron y declararon, correctamente, que los posibles demandantes sólo podían conocer esta información cuando la resolución sancionadora fue publicada por la autoridad de competencia, momento en el que daría inicio el plazo de prescripción.

Responsabilidad solidaria impropia: Las distintas cartelistas argumentaron o que (i) las demandantes construyeron incorrectamente la acción al no haber demandado a todas las cartelistas, lo que impedía una correcta asignación de su cuota de responsabilidad; o (ii) que éstas sólo deberían de haber demandado a sus proveedores directos y no a otros cartelistas.

Una vez más, al aplicar la doctrina emanada de la sentencia del cártel del azúcar, los tribunales desestimaron las alegaciones de los demandados en este sentido, argumentando que (i) no corresponde a la víctima del cártel asignar la cuota exacta de responsabilidad de cada cartelista dentro del cártel, por lo que una víctima podría exigir la compensación completa de cualquiera de las cartelistas; y (ii) que la responsabilidad solidaria se desencadena a causa de la infracción de la normativa de competencia y no por la relación contractual que las cartelistas pudieran o no tener con las empresas demandantes.

En qué difieren las sentencias de Barcelona y Madrid

Sin perjuicio de que las demandas y sus informes periciales eran sustancialmente iguales, nos encontramos con sentencias contradictorias. La sentencia dictada por el Tribunal Mercantil de Barcelona, al amparo de la doctrina emana del precedente del cártel del azúcar, dictamina que en escenarios de cártel la presunción de daño es válida y permite al juez invertir la carga de la prueba contra los cartelistas, siempre y cuando las demandantes presenten ante el tribunal un cálculo factible y razonable de los daños y perjuicios a través de un hipotético escenario contra factual (análisis hipotético de un mercado en el que no hubiera habido un cártel).

Esto significa que recae en las cartelistas la prueba de que su práctica anticompetitiva no produjo daños a la demandante en ese caso concreto, no siendo suficiente con argumentar que el informe económico de la demandante no es factible y razonable (lo que se intentó en el presente caso).

El enfoque de las sentencias de los tribunales mercantiles madrileños difiere ligeramente del de la sentencia de Barcelona. Esto parece deberse a la utilización de un mismo informe pericial que analizaba un hipotético escenario contra factual basado en fijación de precios, cuando la conducta que afectaba a las demandantes de Madrid tenía que ver con un reparto de mercado.

En las sentencias de Madrid, los jueces desestimaron el informe pericial afirmando que en conductas de reparto de mercados no existe un acuerdo sobre el nivel de precios a cobrar a los clientes finales, y dado que la reclamación presentada no demostró esto, el informe pericial no fue suficiente para adjudicar daños y perjuicios.

Lo que sin embargo no tuvieron en cuenta las sentencias de Madrid, es el hecho (avalado por la teoría económica) de que nadie colude un reparto de mercados para no obtener ningún beneficio a cambio. Siempre hay beneficios anticompetitivos después de una colusión, y corresponde a los demandados probar que su colusión no tuvo efectos negativos.

Conclusiones

Sin perjuicio de los dispares resultados en Madrid y Barcelona, estos precedentes son positivos, dado que aplican y confirman la doctrina del Tribunal Supremo en relación con excepciones procesales en las acciones de daños en España.

Estaremos muy atentos a cualquier novedad en relación con las próximas sentencias que se dicten en el marco del cártel de los sobres de papel y también en relación con las reclamaciones presentadas en el marco del cártel del seguro decenal, que es el otro conjunto de reclamaciones que está pendiente de resolución por parte de los tribunales de Madrid y Barcelona.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

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The Spanish envelopes cartel: Recent developments in competition damages claims in Spain

(Originally published on 27/09/2018)

Recent judgments of mercantile courts in Madrid and Barcelona, related to the Spanish envelopes cartel, clarify how certain procedural issues should be dealt with and how jurisprudence should be applied to damages claims in Spain

The Spanish envelopes cartel and the claims

In March 2013 the Spanish Competition Authority (SCA) sanctioned several envelope producers for their participation in a price-fixing and market-sharing cartel in Spain from 1977 to 2010.

After the sanction, but before the judgments that declared the decision of the SCA correct, several claimants sued some of the cartelists seeking compensation for damages before the mercantile courts of Madrid and Barcelona. After several procedural hurdles, between May and June 2018 the courts issued the first three judgments (with more to come): two in Madrid and one in Barcelona.

Despite the fact that the Madrid judgments were in favor of the defendants and the Barcelona judgment was in favor of the claimants, the Madrid and the Barcelona judgments give practical insight into how traditional procedural exceptions should be dealt in damages claims actions in Spain from now on.

The interpretation of procedural exceptions

It is clear from the judgments that the defendant’s lawyers tried every procedural trick in the book to paralyze or slow down the claims. The three judgments are very useful for future claimants (especially for stand-alone actions) since they give insight on the applicable procedural standards and confirm the application of doctrine emanated from a historic Supreme Court precedent in the Spanish sugar cartel.

The statute of limitations: The defendants sustained one of their main arguments on the hypothesis that the action was time-barred since the claimants should have filed the claim within the year, following the SCA’s publication in 2010 of the press release announcing the initiation of the investigation. The defendants argued that this was the point at which the claimants had all the necessary information to file a claim.

However, the courts applied the Supreme Court’s doctrine, that the limitation period only starts when a potential claimant: (i) learns that it could be the victim of a competition infringement; (ii) knows the identity of the possible responsible parties; and (iii) is able to correctly calculate the damage suffered.

It, therefore, dismissed the defendant’s hypothesis and found that potential claimants can only learn this information when an official decision sanctioning the cartelists is published by the SCA. Thus, the date of publication of a sanctioning decision is the date when the limitation period to sue starts.

Tort liability (responsabilidad solidaria impropia in Spanish): The defendants tried to convince the judges that: a) the claimants incorrectly built the action, since they did not sue all the cartelists to properly allocate their quota of responsibility; and b) that the claimants should have only sued their suppliers and not other cartelists.

Again, by applying the Supreme Court’s doctrine, the courts dismissed completely these arguments, finding that: a) it is not for the victim of the cartel to allocate the precise quota of responsibility of each cartelist within the cartel; thus, a victim could require the complete compensation from any of the cartelists; and b) joint and several liability is triggered by the competition infraction and not by the contractual relationship between the claimant and one of the cartelists.

Both clarifications are very welcome for claimants since defendants will now need to think twice before wielding these exceptions or they could face the imposition of legal costs by courts when resolving these procedural exceptions.

How the Barcelona and Madrid judgments differ

What will be less welcomed from these judgments is the fact that the same claim and an expert report had different outcomes in different courts.

This analysis is perhaps an over-simplification of the facts since the calculations made by the economic experts based on one of the three different scenarios that the SCA sanctioned within the cartel decision might not fit completely with the facts of the Madrid judgments.

Nevertheless, from a theoretical perspective, the judgments in Madrid seem to depart from the Spanish Supreme Court jurisprudence.

On one hand, the Barcelona judgment, which was drafted by three judges, understands that in cartel scenarios the presumption of damages is valid and allows judges to reverse the burden of proof against the defendants. This, of course, is only the case if the claimants present the court with a feasible and reasonable calculation of damages through a hypothetical counterfactual.

This means that it will depend on the defendants to prove in detail that their actions did not produce damages to the claimant in that specific case; it is not enough to just state that the claimants’ economic report is not exact and precise (which the defendants had attempted to do in this case). So far, this is the doctrine emanating from the sugar cartel precedent.

On the other hand, the approach of the two Madrid judges differed slightly from the Barcelona judgment. It appears to be that the Madrid judges dismissed the economic expert reports because the counterfactual that it contained (the same for all the claims apparently) based its hypothesis on one of the three conducts of the cartel, the price fixing one, and not on the conduct that the Madrid claimants actually suffered, a market sharing conduct.

The Madrid judges argued that in a market sharing agreement there is no arrangement on the level of prices charged to final customers, and since the claim presented did not prove that fact, the expert report as it was, was not enough to award damages.

What was not mentioned, or taken into account by the Madrid judgments, is the fact that no one colludes to share markets for no reason; there are always anticompetitive benefits for those engaged in collusion.

Some takeaways for potential claimants in Spain

Notwithstanding the different outcomes in Madrid and Barcelona, these cases apply and confirm the doctrine of the Supreme Court in relation to procedural exceptions in damage actions in Spain.

This is very positive for potential claimants in Spain, since it will deter defendants from wielding procedural chimeras before courts, and judges will find it very difficult to accede to any of the tactics used in these cases and suspend or complicate the claims unnecessarily.

We will be paying close attention to any developments in relation to the forthcoming judgements in relation to the envelopes cartel and in relation to the 10 years mandatory real state insurance cartel claims (cartel del seguro decenal), which is the other set of claims that is pending to be decided by courts in Madrid and Barcelona.

By: J. Nicolás Otegui Nieto

Competition in Crisis – Challenges to Spanish Enforcement Performance

Abstract: The Spanish Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) is facing a institutional, political and technical crisis. The aim of this article is to explain briefly how the CNMC was created as a super-regulator, the possible causes of its current crisis and how this is affecting its performance and the enforcement of European and Spanish competition rules in the Spanish markets.

Written 29 May 2018. Competition Law Insight (Informa) • April 2018 • Volume 17 Issue 4.

Please find the article in here.

El Tribunal Supremo avala las restricciones a los VTC

En una controvertida sentencia, el Tribunal Supremo avala las restricciones impuestas por la administración al sector de los VTC basándose en el “adecuado equilibrio” que debe existir entre este y el del taxi.

Tras las reformas introducidas en el sector del transporte urbano en 2015, la CNMC y varias empresas y asociaciones del sector de los VTC interpusieron recurso de garantía de unidad de mercado. Dicho recurso finalmente fue resuelto por el Tribunal Supremo (“TS“) el pasado 4 de junio de 2018.

En resumen, en 2015 se introdujeron cuatro tipos de restricciones a los VTC tanto en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (“LOTT“) como en su reglamento: (i) por un lado se permitió a las administraciones mantener una proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi; (ii) requerir a las empresas que presten el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde se obtuvo la autorización; (iii) una flota mínima de 7 vehículos; y, (iv) requisitos técnicos que los vehículos han de cumplir (similares a los del taxi).

La posición de las recurrentes

Las demandas presentadas por las partes compartían como argumentación general contra las restricciones impuestas, que éstas adolecían de falta de justificación al no estar amparadas en razones imperiosas de interés general; ser desproporcionadas y discriminatorias; y que en realidad estaban destinadas a regular o planificar el mercado del transporte urbano en claro favorecimiento de sector del taxi. Los demandantes no entienden que sea justificable económicamente mantener el monopolio del taxi.

Entienden asimismo que la protección del interés público pasa por la desregulación de ambos sectores para que mediante la competencia se llegue al equilibrio, y no mediante una regulación excesiva. También entendían los recurrentes que las restricciones mencionadas no cumplen con la LOTT o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que están dirigidas a planificar el mercado económicamente.

Resultado del recurso: El razonamiento del TS

La argumentación que ha servido de base al TS en su fallo se puede resumir en los siguientes puntos:

  • Que si bien el taxi no es un servicio público, sí constituye un servicio de interés público en el que las administraciones tratan de garantizar determinados niveles de calidad, seguridad y accesibilidad.
  • Que el mantenimiento y aseguramiento de un servicio de este tipo puede considerarse como una razón imperiosa de interés general que justifica medidas regulatorias que puedan afectar la competencia respecto de servicios como los del VTC.
  • Y, finalmente, se expone la premisa más utilizada por el TS en su sentencia, que dado que ambas modalidades compiten por una misma demanda, las razones anteriores justifican el objetivo de garantizar un adecuado equilibrio entre ambas.

Tras la introducción de dichas premisas generales, el TS resolvió sobre cada una de las restricciones del siguiente modo:

1. En relación con la proporción 1:30, el TS entiende que dicha medida es adecuada para garantizar un equilibrio adecuado entre ambas modalidades de transporte urbano. Niega que se trate de una restricción de carácter económico y que sea desproporcionada.

2. En relación con la exigencia de prestar servicios en un 80% en la comunidad autónoma donde se haya obtenido la autorización, el TS reconoce que si bien dicha restricción no posee una cobertura legal específica, si tiene una genérica en la LOTT, por lo que admite que dicha restricción es adecuada para poder mantener la necesaria garantía del equilibrio, y que dicha garantía es una razón imperiosa de interés general. Finalmente justifica dicha restricción como la única forma de evitar la utilización de autorizaciones de una comunidad autónoma para incumplir la proporción 1:30 antes mencionada en otra comunidad autónoma.

3. En relación con el requisito de mantener una flota mínima de 7 vehículos destinados a la actividad, el TS entiende que las razones encontradas en la normativa, de garantizar mayor solvencia por medio de esta exigencia, no encuentra cobertura legal ni en la LOTT (que solo requiere uno o más vehículos) ni relevante desde la perspectiva del interés general, por lo que en este extremo da la razón a los demandantes, anulándose dicho requisito.

4. Finalmente, en relación con los requisitos técnicos que los vehículos han de cumplir, entiende el TS que no son requisitos que puedan considerarse como una barrera de entrada al mercado, dado que corresponden a los de la gama media de turismos análogos a los que las administraciones requieren cumplir al sector del taxi, por lo que al amparo de la razón imperiosa de interés general de mantener un equilibrio entre ambos servicios, se justificarían dichos requisitos.

Comentarios a la sentencia

Tras el análisis de la sentencia, entendemos escasos los argumentos y justificaciones que el TS ha esgrimido para no aplicar, por un lado la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y por otro, para permitir restricciones económicas al mercado de los servicios de transporte urbano.

Si bien está claro que el poder judicial no puede entrar a decidir cuál es la reglamentación precisa que la administración ha de realizar al regular un sector económico, también entendemos que el TS hubiera podido entrar a analizar mucho más a fondo los hechos y que su argumentación hubiera podido ser más contundente.

Más allá de dar la razón a la Administración y mencionar en numerosas ocasiones la idea del necesario y adecuado equilibrio entre el sector del taxi y de los VTC, no encontramos argumentación o razones técnicas al fallo del TS, tratándose en nuestra opinión de una sentencia que parece tener un tinte más político que jurídico.

Consideramos que se ha dejado pasar una buena oportunidad para avalar la razón de ser de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y para evitar la imposición de barreras innecesarias que frenen la innovación y la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

Por J. Nicolás Otegui Nieto

The Roche-Novartis case: is competition law widening its frontiers?

The preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU), in the Italian Roche-Novartis case confirms a slow but steady trend towards the widening of competition law frontiers by considering misleading information an infraction of competition law.

As technology and business models develop, we are increasingly seeing regulators grapple with the question of what legal tool should be used to tackle market distortions.  Competition law’s ultimate goal of protecting consumers – and the fact that regulators often have both consumer and competition powers – seem to be prompting competition decisions that blur the lines with consumer law.

Most recently, on 23 January 2018, the CJEU responded to the questions raised by an Italian court in relation to the sanction imposed on Roche and Novartis by the Italian Competition Authority (AGMC) for disseminating misleading information about a pharmaceutical product in order to shift demand to another product. The CJEU considered that such conduct could be understood as an infraction by object of article 101 of the TFEU.

One of the novelties of this case is that we normally associate misleading information with infringements related to consumer protection, rather than competition law. It is also interesting that the CJEU labeled this an infringement by object.  By their nature, the category of infringements by object are those considered so harmful to competition that their anticompetitive effects do not need to be proven (for example, price fixing; exchanges of sensitive information; limiting output/sales; setting minimum resale prices; limiting exports). Giving this infringement the ‘object’ label therefore means that the provision of misleading information may be illegal without any actual impact on competition.

The Italian case and its context

Hoffman-La Roche granted a license to Novartis to market the medicinal (ophthalmological) product Lucentis, which shared its clinical development with the medicinal (oncological) product Avastin. Avastin was marketed in Italy prior to Lucentis and than the latter. For this reason, Italian doctors began to prescribe the off-label use of Avastin for the treatment of ophthalmological diseases, since both products derived from the same active substance.

Under this framework and because the sales of Lucentis (by Novartis) were experiencing losses in Italy, both undertakings agreed to produce and disseminate misleading information about the perception of the risks associated with the off-label use of Avastin in ophthalmology, in order to increase the demand in favor of Lucentis (which was ten times more expensive).

The agreement targeted both doctors and the European and Italian medicines agencies. Following an analysis of the legal context of the case, the CJEU’s understanding was that the objective of the information disseminated was not to fulfil pharmacovigilance or regulatory obligations; but rather was intended to manipulate the perception of the medicines agencies and Italian doctors regarding the off-label use of Avastin, to shift the demand to Lucentis.

Other national precedents

Both in Spain and in France there have been recent cases in which the use of misleading information was sanctioned for being collusive and abusive infringements of competition law.

  • Spain: In 2012, in case S/0256/10 Inspecciones Periódicas de Gas, two trade associations were sanctioned by the Spanish competition authority for sending misleading information to the local administrations that had asked what the official price of mandatory gas inspections should be in their jurisdictions. The sanction was based on Article 1 of the Spanish Competition Act (equivalent to Article 101 of the TFEU). The Spanish competition authority concluded that the use of misleading information was a key factor in the infringement. The defendants took advantage of a change in legislation to mislead local administrations into setting the legislative price above the true market level.

 

  • France: In 2013, in case n° 13-D-11 Sanofi-Aventis, the pharmaceutical company Sanofi-Aventis was sanctioned by the French competition authority (a decision which was subsequently confirmed by the French courts) for the dissemination of misleading information about the characteristics of a medicine related to the treatment of cardiovascular diseases (clopidogrel). Sanofi-Aventis made use of the brand-name recognition of their patented blockbuster Plavix (clopidogrel) to give legitimacy to the dissemination of misleading information about patent-related differences in relation to the generic alternatives. This dissemination was aimed at frightening doctors so that they did not prescribe generics and persuading pharmacists not to substitute Plavix. This conduct was sanctioned as an abuse of a dominant position. Losses to the French health system were estimated at € 30m.

 

Confirmation of a growing trend

In the Italian case, the CJEU referred to the fact that, under European regulations on medicinal products, all information intended for the public and the competent authorities must be presented objectively and without misleading information by the owner of the marketing authorisation.

In addition to the analysis of the legal context, and as a point of connection with the other two cases, the CJEU took into account the broader context of the conduct, and considered that the disclosure of such misleading information may cause doctors not to prescribe the use of Avastin for the treatment of eye diseases. Finally, the CJEU confirmed the view of the AGMC that an agreement between competitors in this sense could be considered as a ‘by object’ infraction (not needing proof of its harmful effects in the market).

The Spanish and the Italian cases have in common the fact that the undertakings took advantage of the legal context to convey the misleading information to the relevant authorities to attain their anticompetitive goals. In contrast, in the French case, the undertaking disseminated the misleading information directly to the market players that could shift the demand towards the generic products.

Ultimately, what all of the cases have in common is that the competition authorities are taking into consideration the use of misleading information to assess whether or not undertakings committed infractions of competition law.

Comment: who said you can’t teach an old dog new tricks?

In spite of the fact that competition rules are “old”, from the cases analyzed we have reached two conclusions:

  • We may be facing the broadening of the “by object box”, which, pursuant to the judgment of the CJEU, could now include agreements to disseminate misleading information (depending on the context of the conduct); and
  • Competition authorities may be able to keep up with the pace of undertakings and the sophistication of their conduct by including “new” behaviors in their repertoire of “tricks”.

By: J. Nicolás Otegui Nieto

The Court of Justice of the European Union has reached a decision on the collusive practices carried out in Italy by Roche and Novartis when marketing the medicinal products Avastin and Lucentis

The Court of Justice of the European Union has resolved the preliminary question raised by the Consiglio di Stato (the Italian Council of State) and, in accordance with the conclusions of the Advocate General, it concludes that the dissemination of misleading information about a medicinal product could be considered as a breach by object of article 101.1 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

On 23 January 2018, the Court of Justice of the European Union (“CJEU“) made a ruling on the preliminary questions raised by the Consiglio di Stato in relation with the sanctions imposed on Roche and Novartis by the Italian Antitrust Authority (“AGCM“), for carrying out practices aimed at disseminating misleading information about a medicinal product to condition its demand in favour of another product that is ten times more expensive (C-179/16). With regard to the background of this matter, please see our previous publication on the Advocate General’s opinion on this proceeding.

In the ruling, the Court considers that an agreement between two companies that market two competing medicinal products to disseminate misleading information about the adverse effects of the use of one of those medicinal products with the clear aim of shifting demand in favour of the other product, constitutes a restriction of competition “by object” in accordance with article 101.1 of the Treaty on the Functioning of the European Union  (“TFEU“).

The CJEU arrived at this conclusion after conducting an interesting analysis of two main issues, the relevant market of both medicinal products (note that Avastin was not authorised for the treatment of eye disease) and the nature of the misleading information disclosed, in light of EU regulations on medicinal products.

In Competition Law, the market definition should include all those products that consumers consider as interchangeable or substitutable with each other. In this case, the market would contain all those products that are used for the same therapeutic purpose. Given that Avastin and Lucentis were owners of valid marketing authorisations at the time of the infraction, the prescribed off-label use of Avastin under medical supervision, led to both medicinal products falling under the same market definition.

With regard to the nature of the misleading information disclosed, and from a regulatory point of view, the CJEU understands that its objective was not related to the fulfilment of pharmacovigilance obligations, but that it was intended to try to create an artificial distinction between Avastin and Lucentis, thereby manipulating the perception of the EMA and the competent authorities in Italy regarding Avastin.

On this point, the CJEU has conducted an interesting analysis of the legal context in which the behavior is defined, making reference to the European regulations on medicinal products in accordance to which the information intended for the public and the competent authorities must be presented objectively and without misunderstandings by the owner of the marketing authorization.

In addition, the CJEU considers that the disclosure of such misleading information may cause doctors not to prescribe the use of Avastin for the treatment of eye problems. Therefore, an agreement between competitors with this objective in mind can be considered as behaviour that is harmful to competition by object, the consequence of which is that it will not be necessary to test the effects of such agreement on the market.

In consideration of the foregoing, it can be said that this ruling is significant since it is the first time that the concept of a restriction by object has been applied to an agreement that (if the premises established by the CJEU are confirmed by the national courts) is aimed at disseminating allegedly misleading information about the safety of a medicinal product.

It is now just a matter of waiting for the ruling of the Consiglio di Stato on the national lawsuit, to validate if the interpretation of the CJEU is accepted and the sanction imposed by the AGCM on Roche and Novartis is confirmed.

By: J. Nicolás Otegui Nieto and Gemma Sammuel.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre las prácticas colusorias llevadas a cabo en Italia por Roche y Novartis en el marco de la comercialización de los medicamentos Avastin y Lucentis

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado italiano) y, siguiendo las conclusiones del Abogado General, concluye que la divulgación de información engañosa sobre un medicamento podría considerarse como una infracción por objeto del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El pasado 23 de enero de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE“) dictó sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Consiglio di Stato en relación con las sanciones impuestas a Roche y Novartis por parte de la Autoridad de Defensa de la Competencia Italiana (“AGCM“, por sus siglas en italiano), por llevar a cabo prácticas que tenían por objeto divulgar información engañosa de un medicamento para condicionar la demanda a favor de otro diez veces más caro (C-179/16) . Respecto a los antecedentes de este asunto, véase nuestra anterior publicación sobre la opinión del Abogado General en este procedimiento.

En dicha sentencia, el Tribunal considera que un acuerdo entre dos empresas que comercializan dos medicamentos competidores consistente en difundir información engañosa sobre los efectos adversos del uso de uno de esos medicamentos con el claro objetivo de desplazar la demanda en favor de otro, constituye una restricción de la competencia “por su objeto” de conformidad con el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE“).

El TJUE llega a dicha conclusión tras realizar un interesante análisis sobre dos cuestiones principales, el mercado de referencia de ambos medicamentos (recordemos que el Avastin no estaba autorizado para el tratamiento de enfermedades oculares) y la naturaleza de la información engañosa divulgada, a la luz de la regulación sobre medicamentos de la Unión.

En Derecho de la Competencia la definición de mercado ha de contener todos aquellos productos que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles entre sí. En este caso, dicho mercado contendría todos aquellos productos que sirven para los mismos usos terapéuticos. Dado que Avastin y Lucentis poseían autorizaciones de comercialización válidas en el momento de la infracción, el uso off-label de Avastin bajo prescripción y responsabilidad médica, hizo que ambos medicamentos entraran en una misma definición de mercado.

En cuanto a la naturaleza de la información engañosa divulgada, y bajo el punto de vista regulatorio, el TJUE entiende que su objetivo no estaba relacionado con el cumplimiento de obligaciones de farmacovigilancia, sino que iba dirigido a lograr crear una diferenciación artificial entre Avastin y Lucentis, manipulando así la percepción que tenían la EMA y las autoridades competentes en Italia acerca del Avastin.

El TJUE realiza, sobre este punto, un interesante análisis del contexto jurídico en el que se enmarca la conducta, haciendo referencia a la normativa europea sobre medicamentos conforme a la cual la información destinada al público y a las autoridades competentes debe presentarse de forma objetiva y sin equívocos por parte del titular de la autorización de comercialización.

Además, el TJUE entiende que la divulgación de esa información engañosa puede provocar que los médicos no prescriban el uso de Avastin para el tratamiento de problemas oculares, por lo que un acuerdo entre competidores dirigido a este objetivo puede ser considerado como una conducta dañina para la competencia por objeto, teniendo ello como consecuencia que no sea necesario probar los efectos de dicho acuerdo en el mercado.

Por todo lo anterior, podemos decir que dicha sentencia es significativa ya que es la primera vez que el concepto de restricción por objeto se aplica a un acuerdo que (si las premisas establecidas por el TJUE son confirmadas por los tribunales nacionales) tiene por objeto difundir información supuestamente engañosa sobre la seguridad de un medicamento.

Por tanto, ahora solo cabe esperar a la sentencia del Consiglio di Stato en el pleito nacional, para comprobar si acoge la interpretación del TJUE y confirma la sanción impuesta por la AGCM a Roche y Novartis.

Por: Gemma Sammuel y J. Nicolás Otegui Nieto