Procuradores, el deber social, y el deber de la Competencia, dos caras.

Como sabemos, la CE se encuentra haciéndose la pregunta, de porqué es España uno de los pocos países en el mundo que aun conservan la figura del Procurador. No vamos a entrar en esa pregunta, dado que corresponde a los políticos responderla, y justificarla.

Lo que si vamos a decir, es qué podemos enfrentarnos a esta circunstancia desde dos puntos de vista para poder ser justos, y ajornar el mundo del Derecho español para hacerlo más competitivo, al igual que más equitativo para los consumidores.

Por un lado lo social, el colectivo de los Procuradores. Servidores del Derecho quienes no se les puede borrar de un plumazo. Cierto es que no podemos dejarles sin qué hacer. Es tarea de los políticos dar explicaciones y soluciones de su falta de previsión y visión, dado que desde que se entró en la UE y con sus reglas de juego se sabía, sin ser muy sabios que esto iba a suceder. Han de ponderar una transición justa para ellos, desde lo social, y que cumpla con el Derecho de la Competencia, creando un espacio para desarrollar sus tareas.

Lo que bajo ningún termino ha de permitir, es dejar la matricula abierta, dado que nos guste o no el Derecho se impone y las obligaciones que firmamos como Estado hay que cumplirlas. Ilusionar y engañar a quienes entren o han entrado hace poco en la profesión es algo que el Estado ha de evitar.

Pasamos ahora a la otra cara, la técnica, que aunque no guste ha de ser ponderada, e inevitablemente acaecerá.

Desde el Derecho de la Competencia, como ha pasado ya en la abogacía, vemos cómo no se pudo sostener, y con razón, un baremo de precios fijos mínimos, y en el caso especifico de los Procuradores, la incompatibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía con la procuración; y, finalmente, la obligatoriedad de la representación procesal van en contra del “ABC” de la Competencia.

La Directiva de Servicios, claramente menciona que la única forma en que se puede justificar la fijación de forma directa o indirecta de precios, es que se justifique en aras del interés general, y que sea proporcional. Entendemos algunos tras haber ejercido el derecho en otras jurisdicciones, que la procura no es algo necesario, y por otro lado, al no haber un interés general, tampoco proporcionado.

Mencionadas las bases, vemos ahora como nuestras instituciones se han pronunciado aplicando estas reglas.

Por un lado, la extinta Comisión Nacional de la Competencia se pronunció, sobre lo que hacia falta cambiar, para cumplir con la LDC y el TFUE. Y por el otro, ya nuestros jueces, en dos oportunidades, han elevado una cuestión prejudicial relativa al asunto (que intuitivamente han retirado por evitar ser políticamente incorrectos).

Resumiendo, y para no entrar en cuestiones muy técnicas, los jueces han puesto a la luz interesantes planteamientos, no es compatible con el Der. de la Competencia el tener una ley que imponga aranceles mínimos; no es proporcionada la cuantía de los mismos en proporción al trabajo efectivamente realizado; y, que es ilegitimo que la LEC impida al cliente el impugnar los honorarios del procurador por excesivos.

Finalmente la antigua CNC, recomendó, aunque no ha sido escuchada aun, que no sea preceptiva la obligación de representación procesal de los procuradores (dados los medios técnicos usados en otras jurisdicciones, o la inexistencia de la figura en sí); que no sea obligatoria la colegiación (entiendo excesivo no solo esto, sino que se obligue a alguien estudiar 4 años para ello); muy importante prohibir, la incompatibilidad del ejercicio común de la abogacía y la procura; y entre otras, suprimir completamente el sistema de aranceles dado que va completamente en contra del Derecho Comunitario.

Para ir cerrando, es un poco “sui generis” explicar al cliente extranjero, o más bien justificar unos gastos cuantiosos, en una figura que en muchos países jamas existió, o dejo de hacerlo ya hacer más de 50 años. En tiempos de crisis como los actuales, y habida la competencia que existe en la UE para atraer a las jurisdicciones compañías e inversiones extranjeras, creemos, que el Gobierno ademas de hacer cambios impositivos, ha de ponderar el bien general y modernizar un poco el mundo del derecho para que sea más competitivo, claro esta, es una de las muchas cosas que hay que cambiar para poder tener una abogacía competitiva internacionalmente.

Finalmente, no ha de hacer oídos sordos a la cuestión social implícita, ni dejar en la calle a este colectivo de profesionales, que no son culpables de la mencionada falta de visión y cumplimiento de las obligaciones internacionales que han tenido los sucesivos gobiernos, el problema en este caso no es Europa, el problema somos nosotros que no vislumbramos o no quisimos, las consecuencias.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

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