Abusos de unos y tasas judiciales de otros

Aunque ya se ha hablado más que de sobra sobre este tema, no me resisto a hacer un brevísimo comentario sobre la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, más conocida como la Ley de Tasas.

En primer lugar hemos de recordar que los españoles abusamos por lo general de lo que no resulta directamente gravoso a nuestros bolsillos; dicho de otro modo, nos encanta ordeñar y ordeñar sin alimentar a la vaca. Ejemplos de ello son la ingente cantidad de medicamentos que se obtienen en las farmacias a cargo de la Seguridad Social (aunque luego un porcentaje elevadísimo de ellos caduca en los armarios), el uso de la Sanidad pública por cualquier nimiedad, la obtención de todo tipo de subsidios (como el de las fotovoltaicas desde 2007 o el famoso PER en Andalucía) y, como no, el de la Justicia.

En efecto, en España se tramitan poco menos de 2 millones de procedimientos judiciales al año; repito, ¡¡casi 2 MILLONES!!. Con todo el respeto, es del todo obsceno que un  país de 47 millones de habitantes, a los que habría que restar varios millones de menores y muchos millones de ancianos que no se pleitean, caiga en este claro abuso del Estado de Bienestar. Siendo éste el dato de hecho al que nos enfrentamos no es de extrañar que el Gobierno pretenda poner coto a este desenfreno mediante una Ley que parece perseguir fundamentalmente la reducción de este desorbitado número de pleitos.

Frente a esto hay quienes por ideología (en España la izquierda política) o por negocio (muchos dentro del mundo jurídico a los que no interesa una reducción de conflictos judiciales) se oponen a un “copago judicial” afirmando que así se vulnera el principio de Justicia Universal. Esto, con todos mis respetos, es pura demagogia. Si uno lee la Ley, tan obviado primer paso para criticarla o comentarla, puede apreciar inmediatamente que la misma establece una serie de excepciones al pago de la Tasa entre la que está, como no, la Justicia Gratuita. Esto quiere decir que si realmente alguien no puede pagar la Tasa por su débil situación económica no vendrá obligado a ello. A esto se añade que si verdaderamente uno cree que tiene la razón en el conflicto no tendrá problema en adelantar dicha Tasa dado que le será devuelta en las Costas del procedimiento que, como bien sabemos, son reembolsadas por la parte que vea desestimadas sus pretensiones en el litigio.

Al igual que en el copago sanitario, en la Justicia el pago de una pequeña parte del servicio recibido hace ver que las cosas no son gratis, sino que las paga Papá Estado financiado con nuestros impuestos. Cuando muchos pagan poco y todos consumen mucho el sistema quiebra.

Por: José María Blanco

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