Archivos Mensuales: mayo 2014

El Estado de Derecho en España en 2013

Para cambiar un poco de tema, vamos a ver como nos vemos a nosotros mismos en cuanto a Estado de Derecho. Hecho por “The World Justice Project una organización sin ánimos de lucro, que nació en 2006 en el marco de la American Bar Association, por iniciativa de su entonces presidente D. William H. Neukom (presidente actual de la organización), para luego independizarse de esta institución en 2009 como “non-profit organization”.

Este índice se basa en más de 100.000 encuestas en cada país hechas a hogares, expertos e instituciones y medir la experiencia de todos estos colectivos en la vida diaria en relación al Estado de Derecho. Se realiza en las categorías de Derechos Fundamentales; Ausencia de Corrupción; Acceso al Gobierno y sus instituciones por parte de los ciudadanos; Orden y Seguridad; Limitaciones a los poderes del Gobierno; Cumplimiento de la Legislación; y, funcionamiento del orden Penal y Civil.

Fue hecha en Madrid, Barcelona y Valencia.

En el informe de 2014 han participado 99 países y jurisdicciones, España califica en la posición 24 de 99, con un coeficiente de 0.67, siendo el máximo 0.88 y el mínimo 0.51. Y regionalmente (Europa occidental y Norte América) en la posición 16 de 24.

Podemos ver ya en el informe de país de España, el pormenor de cómo ha sido el resultado de esta encuesta en la sociedad española.

Destaca España, en acceso a la información, estando por encima de la media en la región, los encuestados vieron como probable o muy probable que una institución pública les diere acceso a información pública.

También por encima de la media, la legalidad en la transmisión del poder de un partido a otro tras elecciones. Ausencia de conflictos civiles. Y, el Derecho a la Privacidad en la categoría de Derechos Fundamentales (categoría con muy buena puntuación en general).

A mejorar: Ausencia de Corrupción, la sensación de corrupción en la legislatura, muy por debajo de la media. En cuanto la estabilidad en las leyes (Seguridad Jurídica), algo negativa en comparación con otros países de la zona. Finalmente en el orden Penal la influencia indebida del gobierno sobre los jueces, y en el orden Civil las dilaciones en el proceso.

De la lectura de las conclusiones del informe, podemos ver que España cae en cinco de las ocho categorías analizadas, sin embargo destacan, qué en general los puntajes de España son muy buenos. Se percibe un Gobierno responsable, a pesar de una sensación de poca independencia del Poder Judicial y corrupción en la Legislatura. Destacan la protección a los Derechos Fundamentales, estando el país en el puesto 14 global. Asimismo, el funcionamiento de las administraciones a pesar de ser percibido cómo un poco lento, es exitoso en el cumplimiento de las regulaciones.

Como vemos, así ven los Españoles a sus instituciones.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

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Como bien se sabe, uno de los numerosos proyectos del Ministro de Justicia es la enésima reforma del Código Penal de 1995, concretamente la vigésimo octava, aunque al menos promete ser una de cierto calado como lo fueron las de 2003, 2004 y 2010.

Como notas generales del proyecto se pueden destacar el endurecimiento de las penas de un buen número de delitos, la búsqueda de una mayor eficiencia de la Administración de Justicia y la mejora de la regulación concerniente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Respecto del primer punto mencionado es clara la necesidad del endurecimiento de las penas derivadas de muchos delitos. Esto no comprende tan sólo el aumento del número de años de las penas privativas de libertad; sino que viene complementado con la estipulación de no-prescripción de penas en caso de estar cumpliéndose otra, el tiempo de libertad condicional ya no computa como cumplimiento de pena sino como suspensión de la misma, permisión de pena y medida de seguridad simultáneas y, por último y no menos importante, la controvertida prisión permanente revisable (compartida por mi parte para ciertos casos especialmente graves y con estrechos cotos legales).

En cuanto a la segunda nota, la implementación de medidas de eficiencia en la Administración de Justicia, nos remitimos previamente a la entrada “Abusos de unos y tasas judiciales de otros”. Resulta clara la necesidad de liberar de carga a los Tribunales. Para ello el proyecto de reforma que venimos comentando suprime un buen número de faltas que permanecían tipificadas en el Libro III. Así, ciertas faltas de gravedad menor caerán bajo el marco de actuación de la potestad sancionadora de la Administración, aliviando la carga de los Tribunales y, tal vez, agilizando los procedimientos.

Por último, en lo que respecta a la responsabilidad de las personas jurídicas, no cabe más que afirmar que ésta era una de las tareas pendientes del legislador. Vistos los grandes escándalos de los últimos años, más visibles actualmente por los enormes “batacazos” económicos a los que han ido unidos debido a un entorno de crisis, resultaba más que exigible una regulación más detallada y estricta sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, de sus administradores a título personal y de las medidas de vigilancia y control para la prevención de delitos económicos en el seno de las compañías. Mejor prevenir que curar.

Ahora tan sólo queda esperar que esta reforma sea la última en unos cuantos años, no vaya a ocurrirnos algo similar a lo que venimos viendo últimamente con Parot y sus semejantes que pasean por las calles debido a que no consolidamos un criterio que se prolongue en el tiempo.

Por: José María Blanco

Competencia ayuda al Medio Ambiente, sí!

Podría ponerme a escribir sobre lo que todo el mundo está escribiendo, de la Sentencia de Google, pero no, voy a hacerlo de un interesante articulo que un colega Flamenco ha publicado hace poco, hablando de como el Derecho de la Competencia, puede ayudar al Medio Ambiente, o dicho de otro modo, como sus excepciones, pueden lograr que tengamos recursos algunas décadas más, al menos hasta que descubramos como restablecer el equilibro ambiental.

Paso a explicar primero lo que no se puede. El Art. 101.1 del TFUE prohíbe a grandes rasgos todos los acuerdos entre empresas o asociaciones que puedan afectar la competencia, en el caso del tratado dentro del Mercado Interior, en el caso de las leyes nacionales, dentro de cada país.

En particular, dos incisos dicen: “b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;”.

Quiere decir esto, a nivel nacional o europeo, que si tu y yo, productores de bacalao, nos ponemos de acuerdo para pescar menos, para, por un lado no agotar a futuro el recurso, y por otro, intercambiar información de donde hay más peces, hoy día, seria anti-competitivo, afectando la competencia efectiva entre productores, el comercio en la Unión, o en el mercado local, subiendo los precios del bacalao.

El ente regulador neerlandés de la competencia, ha lanzado unas Directrices de como interpretar las excepciones al equivalente local del Art. 101.3, que recordemos dice lo siguiente: “que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante“.

En estas directrices dicen, sin entrar en mucho detalle, que con tal de lograr una explotación sostenible (medioambientalmente), hablando de las eficiencias que pide la excepción, han de ser interpretadas a la luz del Principio de Bienestar ampliamente entendido, quiere decir que a la hora de ver los beneficios y la participación de los consumidores, no solo hay que ver los presentes sino los futuros, aunque, en el corto plazo, este acuerdo, conlleve un aumento de los precios del recurso en sí, pero a largo plazo, hará que este producto siga existiendo y estando disponible.

A todas luces, falta mucho camino por recorrer para poder balancear los intereses que protege el Derecho de la Competencia, con los que se intenta, y bien hecho, proteger desde la Sostenibiliadad en esta interpretación amplia, desde mi punto de vista acertada del gobierno Neerlandés, protegiendo así los recursos para los “Consumidores futuros”.

Por supuesto hay que tener cuidado que esto no sea usado como fachada para circunvalar el Derecho de la Competencia, especialmente si dentro de la definición de recurso escaso, entraran los hidrocarburos, o incluso el agua a futuro, dado que no hay cosa que les gustaría más a ciertos mercados que poder blindarse así de la obligación de competir. Veremos como evoluciona esta tendencia.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

Más protección para los consumidores Online

Como muchos de los lectores saben, a finales de 2011 se sanciono la Directiva 2011/83/UE, en ella se amplían los derechos de los consumidores, especialmente en lo que a las compras on-line se refiere.

Comentario aparte merece que el Estado Español ha tardado más de dos años en transponer a la legislación española la Directiva, queriendo decir esto, que la misma ha sido exigible por nosotros los consumidores desde el 26 de octubre de 2013, dado que según el Derecho de la UE toda directiva que no sea transpuesta a los dos años entra en vigor automáticamente, pero continuemos con los beneficios que nos da esta Directiva a todos los consumidores.

A partir del 13 de junio de 2014 (si queremos invocar la ley 3/2014 que modifica la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), o en su defecto, en puridad técnica desde el pasado 26 de octubre tenemos mejorados los siguientes derechos:

– No más gastos ocultos, queriendo decir esto que empresas como Premium Telecom S.L. no podrán estafar más por solo pasar el dedo en la pantalla de su móvil, osea cada vez que alguien este a punto de hacer un pago (sea desde la plataforma que sea), deberá de aparecer un mensaje para que nosotros confirmemos explícitamente que haremos un gasto. No más fiesta para estos empresarios.

Obligación de informar el coste total y supresión de los costes por pago con tarjetas de crédito: si no se nos incluyen los costes complementarios en el precio que vemos al comprar algo por Internet, no tenemos obligación de pagarlo posteriormente, queriendo decir esto que si compramos un billete de tren o autobús, ya no nos pueden cobrar los famosos gastos de gestión. Poro otro lado, empresas como Ryanair, no podrán poner gastos extra por el uso de tarjetas de crédito si no aparece este recargo en el precio mostrado al principio.

– Mejora en los plazos de desistimiento y devolución de dinero: Se amplia automáticamente el plazo de desistimiento de 7 a 14 días naturales, asimismo, si el vendedor no informa sobre este derecho, como penalidad se amplía el plazo a un año, con lo cual las empresas de telefonía móvil se lo pensaran dos veces a la hora de hacerse los suecos en sus ventas por teléfono.

Este plazo, ahora correrá desde la recepción de las mercaderías en vez de desde el momento de la firma del contrato. Lo cual es lógico dado que hasta que uno no recibe lo que compró no puede saber si es lo que quiere o no.

Finalmente, las devoluciones de dinero por desistimiento han de hacerse en el plazo de 14 días naturales, incluidos los gastos de entrega. Resaltar que el derecho de desistimiento se amplia a las subastas on-line.

– Prohibición de casillas ya marcadas en Internet: Ninguna casilla ya marcada se permite en las opciones de compras por Internet, como por ejemplo seguro adicional o maletas cuando compramos billetes de avión.

De cara a la mejora del mercado interior, se empieza a aplicar la obligación de utilizar formularios normalizados en toda la UE para las ventas a distancia y fuera de los locales de empresa, Y un mismo formulario de desistimiento para toda la UE, facilitando así el ejercicio de ese derecho cuando se está en otro Estado miembro.

A todas luces una gran mejora en la protección que merece la pena ser difundida, dado que los empresarios no la aplicaran a menos que sean obligados por los consumidores.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto