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Como bien se sabe, uno de los numerosos proyectos del Ministro de Justicia es la enésima reforma del Código Penal de 1995, concretamente la vigésimo octava, aunque al menos promete ser una de cierto calado como lo fueron las de 2003, 2004 y 2010.

Como notas generales del proyecto se pueden destacar el endurecimiento de las penas de un buen número de delitos, la búsqueda de una mayor eficiencia de la Administración de Justicia y la mejora de la regulación concerniente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Respecto del primer punto mencionado es clara la necesidad del endurecimiento de las penas derivadas de muchos delitos. Esto no comprende tan sólo el aumento del número de años de las penas privativas de libertad; sino que viene complementado con la estipulación de no-prescripción de penas en caso de estar cumpliéndose otra, el tiempo de libertad condicional ya no computa como cumplimiento de pena sino como suspensión de la misma, permisión de pena y medida de seguridad simultáneas y, por último y no menos importante, la controvertida prisión permanente revisable (compartida por mi parte para ciertos casos especialmente graves y con estrechos cotos legales).

En cuanto a la segunda nota, la implementación de medidas de eficiencia en la Administración de Justicia, nos remitimos previamente a la entrada “Abusos de unos y tasas judiciales de otros”. Resulta clara la necesidad de liberar de carga a los Tribunales. Para ello el proyecto de reforma que venimos comentando suprime un buen número de faltas que permanecían tipificadas en el Libro III. Así, ciertas faltas de gravedad menor caerán bajo el marco de actuación de la potestad sancionadora de la Administración, aliviando la carga de los Tribunales y, tal vez, agilizando los procedimientos.

Por último, en lo que respecta a la responsabilidad de las personas jurídicas, no cabe más que afirmar que ésta era una de las tareas pendientes del legislador. Vistos los grandes escándalos de los últimos años, más visibles actualmente por los enormes “batacazos” económicos a los que han ido unidos debido a un entorno de crisis, resultaba más que exigible una regulación más detallada y estricta sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, de sus administradores a título personal y de las medidas de vigilancia y control para la prevención de delitos económicos en el seno de las compañías. Mejor prevenir que curar.

Ahora tan sólo queda esperar que esta reforma sea la última en unos cuantos años, no vaya a ocurrirnos algo similar a lo que venimos viendo últimamente con Parot y sus semejantes que pasean por las calles debido a que no consolidamos un criterio que se prolongue en el tiempo.

Por: José María Blanco

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