Directiva de Daños, Asunto Akso Nobel v. EC y CDC (T-345/12), y el fin del programa de Clemencia ¿?

Tras la pasada publicación de la Directiva de daños a ser implementada para 2016, vemos como se empieza a discutir a favor de la publicación más extensa de información para que los damnificados en Cárteles puedan basar sus peticiones a los tribunales en la UE.

Primero veremos someramente como ya del texto de la Directiva de Daños, podemos inferir que el programa de Clemencia puede verse seriamente atacado. Luego se verá el cambio de postura de la CE en cuanto a la publicación de información en dos sentencias dentro del marco del Cártel del Peróxido de Hidrógeno. No siendo casual que en ambos asuntos estuviera presente CDC, la asociación de damnificados asesorada por T. Funke.

Tras leer el texto de la “Directiva de Daños” podemos ver, como a pesar de proteger a los participantes del programa de clemencia y su información, más allá de permitir el acceso a documentos en algunos casos durante los procedimientos, ver considerandos (26) y (38); arts. 5.6 y 6.6, donde se protege el acceso a los documentos en el marco de transacciones y programas de clemencia (lo que se pone en duda en el Aunto Akzo Nobel), en la practica, a la hora de pagar los daños y perjuicios, esta protección cae.

Viendo el art. 11, vemos ya como si es una PYME, y no ha liderado o coaccionado, dicho infractor no será sino responsable por los daños causados a sus proveedores o usuarios (esto tiene sus consecuencias). Luego en el mismo art. en su punto 4, si bien se protege un poco más a los participantes del programa de clemencia punto a), en el punto b), este beneficio cae.

Artículo 11.4 b): “ante otras partes perjudicadas solo cuando no se pueda obtener el pleno resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas en la misma infracción del Derecho de la competencia”

Como vemos, la Directiva carga al peticionario de clemencia con la carga de pagar, si los demás no son solventes, y, si sumamos el art. que descarga a las PYMES, vemos como ha de responder.

A esto hay que sumarle, que más adelante cuando se habla de conciliación extra-judicial, tampoco se salvaría el clemente, dado que otra vez vemos en el art. 19.3 que si los demás no pueden, aunque previsor y precavido, el clemente negociador, nuevamente ha de cubrir el resto, y esto es dado el Derecho a Pleno Resarcimiento que esgrima la directiva.

Podemos decir, bueno, solo afecta lo económico, dado que no lo confidencial, pero no…

Dado que con fecha 28 de enero, se ha publicado una sentencia, Asunto T-345/2012 Akzo Nobel v CE y CDC, en la misma, la Comisión Europea cambia de parecer, quizá por el buen hacer de don Funke (abierto a hipótesis) en cuanto al acceso o no a documentos entregados en el marco de un programa de clemencia, tras muy buen art. de Leo Szolnoki de GCR, entré a ver la sentencia.

Pero antes, hay que recordar que en 2011 la CE estaba del otro lado de la calle, en el Asunto CDC v Comisión Europea (T. Funke representando a CDC, también en el marco del Cártel del Peróxido de Hidrógeno), vemos como la CE dice que el acceso por parte de CDC a los expedientes, puede poner en duda el éxito del programa de clemencia, y Luxemburgo dándole la razón a CDC dice que sin ese acceso no podría proseguirse ninguna reclamación por daños tras un procedimiento de competencia (recordando someramente la sentencia claro).

Entrando ya al caso mencionado más arriba, vemos como a las puertas de la implementación de la directiva de daños, el Tribunal General empieza a tomar su propia postura en cuanto a los documentos dentro del programa de clemencia y su publicidad.

A pesar de que los abogados de Akzo Nobel esgrimieron los mismos argumentos que la CE en CDC v Comisión Europea, de que el acceso pondría en peligro el programa de clemencia, el Tribunal ha sido claro en decir que una de las consecuencias de participar en un cártel es la de luego tener que pagar por los daños, incluso si es quien denuncia a los demás participantes, que no es suficiente razón para no publicar una versión de decisión más extensa el simple hecho de poder ser un blanco más fácil para las acciones de daños por los damnificados, y finalmente que no pudieron demostrar que eran secretos de negocio o información confidencial (ver pár. 81 y 82).

Por ende, y como conclusión, entre los futuros “daños” económicos que conlleva pagar daños,. incluso siendo clemente y negociador, sumado al cambio de postura tanto de la CE como del Tribunal General, en cuanto a la información aportada voluntariamente en el marco de un programa de clemencia. Salvo un “torpedo italiano”, no creo que muchas empresas quieran denunciar a sus pares en un cártel. Por lo menos, hasta tanto no se vean ejemplos claros de la aplicación de la directiva en los tribunales nacionales y europeos.

Pensemos en una empresa como Recticel, que es el mayor productor de espuma en muchos países, que incentivo un cártel, y luego lo desmantelo al denunciarlo, en el presente juego de circunstancias, no denunciaría, dado que por un lado Luxemburgo revelara mis secretos a mis competidores, y por otro en aplicación de la directiva de daños, ya que soy el más solvente, seguramente pagaré más que el resto en todas las jurisdicciones.

Veremos como evoluciona la jurisprudencia antes de la entrada en vigor de la directiva en los EM.

Por. J. Nicolás Otegui Nieto

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Un perito español lograra trabajar en la Corte de París, gracias al Derecho de la UE

Don Josep Peñarroja, perito en Barcelona, traductor jurado del español al francés y Vs. quiso trabajar en los tribunales de Francia, y se lo intentaron negar.

En los Asuntos acumulados C-372/09 y C-373/09, se formulo la pregunta de porque no puede un perito cualificado en un estado miembro trabajar en otro a grandes rasgos.

Los únicos requisitos  profesionales que pide la ley francesa en su Decreto nº 2004/1436, son básicamente, no estar incurso en pena, no ser quebrado según el Código de Comercio francés, no estar incurso en sanción disciplinaria y haber ejercido la profesión por tiempo suficiente para decir que esta cualificado. Asimismo hay otros requisitos más procesales, pero los cualitativos son esos. Y para la lista de la Corte de Casación, el haber estado 3 años en la lista de la de Apelación (esto es importante).

Tras petición y denegación tanto en la Corte de Apelaciones de París como en la de Casación, La segunda elevó cuestión prejudicial, preguntando entre otras cosas, si los artículos del tratado que hablan de libre establecimiento y libertades de los trabajadores se pueden oponer a una normativa como la francesa anteriormente referida, y no obligar a tener en cuenta que el solicitante haya obtenido en España sus cualificaciones.

Cabe resaltar, que las preguntas efectuadas por el tribunal francés fueron genéricas y abarcaban a todos los peritos, y el Tribunal de Justicia las ciño solamente a los Peritos Traductores. Quizá fue una argucia del juez francés para evitar la entrada de peritos no franceses, pero nunca lo sabremos.

Cabe aclarar que solamente se puede impedir el ejercicio de una profesión en un Estado miembro de la UE, si la misma es de las llamadas reguladas, es decir un abogado cualificado en España, no puede automáticamente trabajar como Solicitor en Inglaterra y Gales, dado que es una profesión regulada. Pero en cambio, un título no regulado, que habilite a trabajar en Francia, también lo hará en Holanda.

Dicho eso, el tribunal francés pregunto, si cabe tener a la profesión de traductor como una profesión regulada en el marco de la Directiva 2005/36CE de reconocimiento de cualificaciones. Claro esta, para lograr impedir el ejercicio del perito.

El juez del TJ responde que no puede un tribunal como la Cour de cassacion o la Cours d´appel decidir que es o no una profesión regulada, por tanto que el Perito Traductor no entra en esta categoría, y por ende reconocer la titulación española de éste en Francia.

Luego se trata el tema si es o no un servicio por ser prestado en el marco de un proceso judicial, a lo que el TJ responde que, lo determinante es la remuneración, sin importar si es determinada por juez o ley. En resumen, se lo considera un servicio en el sentido del art. 57 del Tratado de Funcionamiento. En este sentido, tampoco la considera una actividad pública.

Luego se entra en si la creación de una lista de peritos, es o no una barrera de acceso, habida cuenta que el juez puede elegir igualmente a alguien fuera de la lista, como para ver si “cuela” sacar a alguien de la lista, así los jueces franceses solo ven a peritos franceses. Se le responde desde Luxemburgo, que no, que la lista es una barrera, y solo justificada para proteger el interés general en base a criterios objetivos y no discriminatorios (por ende que un título no sea de mi Estado no es suficiente para discriminar objetivamente),

Finalmente, se apunta desde el Gran Ducado, que el procedimiento de denegación o aceptación de las listas de peritos de Francia, no motiva en cuanto las cualificaciones y experiencia del interesado, y que es obligación del Estado miembro la de evaluar ello en base a los criterios del Derecho de la Unión, por ende motivar. Así, el procedimiento para acceder a ser perito en Francia, no se ajusta al Derecho de la UE.

Resumiendo, a Don Josep (o cualquier otro ciudadano de la UE) para ser tenido en cuenta en un tribunal de algún EM, ha de garantizarsele un procedimiento que evalué adecuada y motivadamente  su experiencia y titulación, y que ninguna administración de justicia, puede poner requisitos como estar previamente inscrito en listas nacionales para impedir la inscripción de un ciudadano de otro EM. Lo cual no quiere decir que automáticamente pueda, pero con su experiencia de 20 años, a él por lo menos le dejaran.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

Aplicar Competencia a los Estados…?

Se ha sabido, que el derecho de la Competencia solo es aplicable a privados en lineas generales. Pero, y por disparatado que pueda parecer, cada día más y más, por lo menos en la UE, los Estados miembro compiten como si de captar clientela se tratara, en beneficios impositivos, en tener sistemas más eficientes, y así captar la mayor cantidad de inversión posible en sus jurisdicciones. Generando más inversión y más empleo.

Sin discutir las ideas de soberanía nacional, ni los famosos actos de Iure Imperii, en cuanto a los servicios puramente públicos. Si podemos hablar de una concepción mas Mercantil en cuanto al acceso a ciertos servicios públicos, las reglas para entrar en ellos y las posibles barreras de acceso.

Avanzando más en la tesis, si un Estado miembro sabe que un servicio es público, puede abusar esta facultad y jugar con los grises, usando así su posición de dominio en ciertos monopolios legales.

Existe una gran tendencia en la Academia inglesa en apoyar la idea de aplicar los art. 101 y 102 del TFUE, a los Estados junto con los demás artículos y principios del Derecho de la UE, siendo así más armónica la aplicación de todo el Derecho de la UE,

Expongamos un caso ficticio:

Abuso de posición de dominio: La Administración de Justicia, a pesar de emanar de la soberanía y del derecho que un Estado se da a sí mismo. No deja de ser un servicio, que si bien público, no deja de competir con los demás servicios de Administración de Justicia de los demás EM, cada Estado quiere traer a su mercado la inversión de ciudadanos de otros EM, juegan con sus tasas de Impuesto de sociedades, dan excepciones Etc, Etc… Como ya se ha dicho en algún Caso, el Estado es “undertaking” en el sentido amplio del termino, y el mercado, las 28 jurisdicciones.

Cada Estado tiene el monopolio en la justicia, la controla y es expresión de su soberanía, pero si yo atraigo a mi Mercado, inversores con bajas tasas impositivas, y, cuando quieren hacer uso de sus derechos, pongo grandes grandes barreras de entrada, como por ej. Tasas desproporcionadas, abuso de mi monopolio legal, sabiendo que quienes quieran hacer valer sus derechos (incluida la Legislación de la UE) han de pasar por mi Servicio de Justicia, impediría la correcta administración de justicia, haciendo pagar un precio muy alto para acceder al servicio, que es el único quien puede resolverte un problema legal (sin perjuicio que esto pueda atacarse por otras vías en los Tratados).

Por ende, y centrando la atención en el sistema de acceso a la justicia, y no a la justicia en sí misma (expresión de la soberanía nacional, iure imperii, Etc), limitando así el acceso al servicio, que sería como limitar su producción, entendida esta como las sentencias que resuelven los problemas legales de los usuarios del servicio, los ciudadanos.

Quizá sea estirar un poco los conceptos del art. 102 del TFUE, pero, si los Estados miembro se benefician del Derecho de la Unión, para competir sin barreras con otras jurisdicciones, y así, lograr, loablemente, más inversión y empleo para sus nacionales, también, ha de aplicarseles las reglas de juego del mercado al Estado como tal, dado que no es justo invitar a alguien, y luego cobrarle por usar la llave para salir de nuestra casa, o usar el servicio, por lo menos no des-proporcionadamente. Pensemos en Ciudadanos individuales y PYMEs con recursos escasos, o cuestiones de poca monta.

En tiempos de crisis, donde los gobiernos nacionales usan al Estado y sus leyes cada día más como una empresa, hay que plantearse, cada día más, aplicarles las leyes que se le aplican a las empresas, sino es injusto para con los ciudadanos de la UE, y los nacionales propios, dado que inundamos de nuevos usuarios al sistema judicial, pero limitamos el acceso con la excusa que hay muchos usuarios, afectando a propios y extraños.

El Derecho, ha de seguir a la realidad, y no estancarse, aunque a veces sea atrevida la tesis.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

El TJUE define limites de DyP en acciones derivadas de Cártel

Como sabemos, la puerta se esta abriendo para poder cobrar Daños y Perjuicios derivados de Cárteles de precios. Lo que no se sabia hasta ahora, es quienes podían pedir, cuanto y los limites de la reclamación.

En el asunto C-557/12, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en el marco de un caso de cártel de precios en el mercado de la instalación y el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.

Ha llegado a Luxemburgo por una Cuestión Prejudicial por la cual, la Corte Suprema de Austria, obligada por ser ultima instancia (si no es ultima instancia y hay un problema de interpretación o validez del Derecho de la UE el juez no esta obligado a referir a Lux), preguntó, si una disposición de derecho interno austriaco que impide a los afectados por los “umbrella prices” hacer responsables civilmente por daños y perjuicios a los miembros de un cártel de precios, es compatible a la luz del Art. 101 del TFUE, habiendo fallado negativamente los tribunales civiles austriacos de instancias inferiores.

Esta cuestión, la de no solamente saber si los participantes del cartel eran responsables frente a quienes ellos habían vendido con precios inflados, sino ademas, saber si los cartelistas eran responsables civilmente frente a quienes esos habían vendido los productos, por una reclamación de daños y perjuicios. Cuestión que no era clara en todos los tribunales nacionales en los Estados miembro de la UE.

Recordemos, que una vez dictada sentencia en una Cuestión Prejudicial, lo que se diga en ella es directamente aplicable por todos los jueces nacionales de los EM de la UE.

Finalmente, Luxemburgo se ha pronunciado, detallando, no solamente para el caso austriaco, sino para cualquier caso en la UE, que los daños y perjuicios son reclamables por “vía privada” (esto es por los particulares en tribunales), a los responsables de un Cartel de precios, pero no solamente los por ellos cobrados, sino también los cobrados por empresas no participantes en el cártel a terceros.

Esto quiere decir, que ademas de los directamente afectados, las empresas que compraron a los afectados con el precio “inchado”, también pueden reclamar a los miembros del cartel los Daños y Perjuicios, las empresas que compraron a estas primeras.

Así el Tribunal de Justicia declaró que: “El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación y a una aplicación del Derecho interno de un Estado miembro consistente en excluir de manera categórica, por motivos jurídicos, que empresas participantes en un cártel respondan civilmente por los daños resultantes de los precios que una empresa no participante en dicho cártel ha fijado, teniendo en cuenta la actuación de dicho cártel, en un nivel más elevado que el que habría aplicado de no existir el cártel.”

Buenas noticias para consumidores y empresarios a lo largo y ancho de la UE, los empresarios se lo pensaran dos veces antes de entrar en un cártel, dado que ahora pagaran dos veces, a la CE y a los damnificados por su conducta.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto.

Derechos de Desglose en tu factura de móvil

Como sabéis, durante esta semana hemos empezado a tener (tarde seis meses) más amplios y mejores derechos los consumidores, esto lo hemos comentado ya en el post “Más protección a los consumidores Online“. Esta ley transpone en nuestro ordenamiento juridico la Directiva 2011/83/UE.

Hoy hablaremos de la facturación que deberían tener los servicios llamados “Premium” en telefonía móvil.

Para ponernos en contexto, los servicios premium, son estas estafas, aunque se resistan  a reconocerlo los jueces penales (por pereza en investigar), que cuando sin darte cuenta y sin nadie avisarte, pulsas sin querer en un banner, de la nada te empiezan a cobrarte en la factura de móvil cargos semanales.

Sin perjuicio de los nuevos derechos antes mencionados, tenemos muchos anteriores a esa reforma, que a veces no conocemos, el juego de la normativa de consumidores, la Ley General de Telecomunicaciones, y el Real Decreto, 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, nos da un derecho muy importante.

A cuantos no les ha pasado, que un día, les llega una factura de 120€ de los cuales son solamente 20€ de su servicio de móvil. Y, si no lo pagas o te rehúsas a hacerlo, te cortan el servicio.

Pues esta muy mal. Tenemos derecho al desglose, sí, a que nos separen en dos facturas diferentes, por un lado los servicios que efectivamente hemos consumido de comunicaciones electrónicas (móvil, sms, navegar y datos), y por otro los servicios premium, que usan como plataforma al móvil. Y, así evitar nos corten el servicio mientras reclamamos ante el tribunal local de arbitraje del consumo (que es el órgano competente).

Así lo dice expresamente el punto 1º del art. 23 del RD 899/2009:

Integración de otros cargos en la factura de los servicios de comunicaciones electrónicas

1. En el supuesto de que en la factura de un servicio de comunicaciones electrónicas se incluyan importes correspondientes a servicios que no tienen tal naturaleza, será obligatorio que se efectúe el desglose, de manera que pueda identificarse el importe correspondiente al servicio o servicios de comunicaciones electrónicas.

El usuario final que pague la parte de la factura que corresponda, según el desglose establecido en el párrafo anterior, al servicio de comunicaciones electrónicas no podrá ser suspendido en el mismo, sin perjuicio de la deuda que pueda subsistir por el importe impagado en otros conceptos. A estos efectos, en caso de disconformidad con la factura, el abonado tendrá derecho, previa petición, a la obtención de facturas independientes para cada servicio.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo facultará al usuario final a considerar que la totalidad de la factura se libra por servicios que no tienen la consideración de comunicaciones electrónicas, por lo que su impago no podrá acarrear su suspensión. Negrita añadida.

Como vemos, tenemos un derecho muy importante, que nos puede servir para evitar el pago de servicios que no consentimos, ni solicitamos, y reclamar su devolución, sin que se nos corte el servicio,

Es importante conocer nuestros derechos ante los abusos de empresas, como los que hacen las empresas de “Servicios Premium”.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto.

Lexnet: Para abogados, y sus beneficiós.

Qué es Lexnet. La respuesta a muchas ineficiencias del Derecho en España, y el paso para la puesta al día de la profesión de abogado.

Como algunos habrán leído, Lexnet es un sistema, atrasado en su aplicación en plena Unión Europea y siendo la cuarta economía del EEE. Pero, como se dice, nunca es tarde si la dicha es grande.

Este sistema hace, que en la era digital, ya no sea necesario el uso del papel, como bien sabéis, hace mucho tenemos entre nosotros la firma digital, y los DNIe, que sirven, si tenemos los implementos necesarios para dar fe, y autenticidad a nuestras correos electrónicos, y estampar nuestra firma, como si de puño y letra se tratara, en documentos en PDF.

Vamos a ir de a poco en la idea lógica, aunque para muchos no evidente, o que no quieren que lo sea.

Recordar que los abogados contamos con una Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), que es esto, pues muy fácil, la credencial de abogado con un chip, que hace que la firma electrónicamente inserta en un documento digital, o en un email, sea tan valida como un escrito firmado a puño y letra.

Abogacías del norte de Europa ya abrazan este sistema, español cabe recordar, para facilitarle la vida a los abogados, y permitirles comunicarse con los juzgados directamente, sin tener que salir de sus despachos. Todo esto con una seguridad y fiabilidad al centímetro, no más salir corriendo para los abogados europeos a presentar papeles al juzgado antes de que venza el plazo, no más discusiones con gente de la mesa de entrada, “perdóname por un rato”, “que es media hora”. Si bien, esto hacía o aun ase en muchas jurisdicciones que el abogado tenga un contacto necesario y directo con quienes dicen la ley, interpretan el derecho.

Creo que vamos madurando la idea que quiero transmitir, Es una pena que no se nos aprecien nuestras ideas en nuestro propio país, no?

El Ministerio de Justicia, ha firmado con la Abogacía Española, un Acuerdo Marco muy importante para la profesión y para el futuro del Derecho en España, principio de cosas muy buenas y fin de cosas, que no malas, pero si entorpecedoras del devenir de los juicios y causantes de muchos gastos innecesarios para clientes y abogados en épocas de crisis.

Cuando nos faltan los medios, es que recortamos lo que no necesitamos y nos volvemos más eficientes. Muchos ya saben a lo que me refiero.

Con el uso de Lexnet, y los certificados digitales en los carnet de Colegiación, damos un gran paso a abrir el mercado del derecho, ojala un abogado pueda enviar directamente un escrito de interposición de demanda desde las Islas Canarias, directamente al juzgado, como seguramente empezaran a hacer o ya están haciendo muchas abogacías a lo largo y ancho de Europa con nuestro sistema de ACA.

Nos quejamos de las tasas judiciales, pero, porque no pensamos que con este acuerdo abrimos las puertas para ser más eficientes y lograr eliminar todos los gastos que el papel por triplicado conlleva, y hacer simplemente un envió directo y limpio, eficiente y económico del abogado al juzgado. Pensemos en todo lo que podrán hacer los clientes con ese dinero extra, incluso todas las peticiones a la justicia que hoy no son, y pueden ser si no hubiera gastos innecesarios.

Lexnet, abre una gran era para la abogacía española, y para la europea, que un abogado con titulación española o no, pensemos en un abogado europeo que puede enviar un escrito directamente a un juzgado en España y así representar a su cliente, el consumidor sin barreras de entrada con tan solo un “click” un “pinchazo” de ratón.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

Que es eso de la “Tasa Google”

En febrero de este año, La Moncloa público anuncio aprobando el proyecto de ley que reformaría la actual Ley de Propiedad Intelectual, el mismo fue publicado en el BO de las Cortes el 21 de febrero.

Dicho proyecto levanto revuelo en el mundillo del Derecho de la Competencia, pero porqué?

Básicamente, lo que he hecho más arriba de enlazar con un hyper-vinculo, bajo la “Tasa Google” seria supuesto de pago, en caso de hacerlo a un contenido protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, en estos casos los periódicos y/o los periodistas. Estos enlaces son lo que se llama “press-clipping”.

Esta tasa, sería recogida por la Asociación Española de Editores Españoles (AEDE), y gestoras de PI, en palabras del proyecto de ley, sería una “compensación equitativa” por parte de servicios como Google News, por el solo hecho de enlazar y tener trafico gracias a los contenidos creados por otros.

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), organismo que regula la competencia en España. Emitió un informe proponiendo el cambio del articulo que contiene la mencionada tasa el 16 de mayo de este año.

En éste, Competencia dice que si bien es cierto que las empresas que hacen el press-clipping aprovechan los contenidos que otros han editado, no es cierto, como menciona la ley, que sea una competencia directa, y en este caso sin pago a estos editores o periódicos. Competencia dice, que las entradas o “hits” que reciben los creadores de contenidos gracias a las empresas que enlazan son igualmente considerables, en cuanto a beneficios de trafico y publicidad.

En cuanto a lo técnico, Competencia resalta que los editores y creadores de contenidos tienen al alcance medios técnicos para impedir que estos enlaces se realicen.

Posteriormente, mencionan que hay que cambiar dos cosas del proyecto, por un lado el carácter irrenunciable al derecho de “compensación equitativa” y por otro la exclusividad en la recaudación por las asociaciones y entidades de gestión de Derechos de PI.

Lo ultimo, dado que si no es exclusiva la recaudación, tanto editores como empresas de enlazamiento pueden pactar libremente acuerdos y tarifas para permitir los enlaces, por ende alimentando una sana y libre competencia.

La CNMC recomienda que no se lleve a cabo esto, y en su caso, hacerlo evitando lo máximo posible lo negativo, esto es básicamente que sea renunciable el derecho y que sea de libre elección quien recaude la “tasa”.

Veremos que sucede, dado que no deja de ser un proyecto de Ley, a tratarse en el congreso, ademas recordemos que Google como las empresas de enlazamiento también pueden hacer el “Lobby” que han hecho empresarios de prensa y asociaciones de gestión de derechos de propiedad intelectual, es parte de un Estado de Derecho Democrático, aunque a muchos les pese que el Lobby, y los acuerdos sean parte del día a día en el Derecho de la Competencia, que por Competencia también es Economía y la economía no se basa solo en Derecho.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto