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El Tribunal Supremo avala las restricciones a los VTC

En una controvertida sentencia, el Tribunal Supremo avala las restricciones impuestas por la administración al sector de los VTC basándose en el “adecuado equilibrio” que debe existir entre este y el del taxi.

Tras las reformas introducidas en el sector del transporte urbano en 2015, la CNMC y varias empresas y asociaciones del sector de los VTC interpusieron recurso de garantía de unidad de mercado. Dicho recurso finalmente fue resuelto por el Tribunal Supremo (“TS“) el pasado 4 de junio de 2018.

En resumen, en 2015 se introdujeron cuatro tipos de restricciones a los VTC tanto en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (“LOTT“) como en su reglamento: (i) por un lado se permitió a las administraciones mantener una proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi; (ii) requerir a las empresas que presten el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde se obtuvo la autorización; (iii) una flota mínima de 7 vehículos; y, (iv) requisitos técnicos que los vehículos han de cumplir (similares a los del taxi).

La posición de las recurrentes

Las demandas presentadas por las partes compartían como argumentación general contra las restricciones impuestas, que éstas adolecían de falta de justificación al no estar amparadas en razones imperiosas de interés general; ser desproporcionadas y discriminatorias; y que en realidad estaban destinadas a regular o planificar el mercado del transporte urbano en claro favorecimiento de sector del taxi. Los demandantes no entienden que sea justificable económicamente mantener el monopolio del taxi.

Entienden asimismo que la protección del interés público pasa por la desregulación de ambos sectores para que mediante la competencia se llegue al equilibrio, y no mediante una regulación excesiva. También entendían los recurrentes que las restricciones mencionadas no cumplen con la LOTT o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que están dirigidas a planificar el mercado económicamente.

Resultado del recurso: El razonamiento del TS

La argumentación que ha servido de base al TS en su fallo se puede resumir en los siguientes puntos:

  • Que si bien el taxi no es un servicio público, sí constituye un servicio de interés público en el que las administraciones tratan de garantizar determinados niveles de calidad, seguridad y accesibilidad.
  • Que el mantenimiento y aseguramiento de un servicio de este tipo puede considerarse como una razón imperiosa de interés general que justifica medidas regulatorias que puedan afectar la competencia respecto de servicios como los del VTC.
  • Y, finalmente, se expone la premisa más utilizada por el TS en su sentencia, que dado que ambas modalidades compiten por una misma demanda, las razones anteriores justifican el objetivo de garantizar un adecuado equilibrio entre ambas.

Tras la introducción de dichas premisas generales, el TS resolvió sobre cada una de las restricciones del siguiente modo:

1. En relación con la proporción 1:30, el TS entiende que dicha medida es adecuada para garantizar un equilibrio adecuado entre ambas modalidades de transporte urbano. Niega que se trate de una restricción de carácter económico y que sea desproporcionada.

2. En relación con la exigencia de prestar servicios en un 80% en la comunidad autónoma donde se haya obtenido la autorización, el TS reconoce que si bien dicha restricción no posee una cobertura legal específica, si tiene una genérica en la LOTT, por lo que admite que dicha restricción es adecuada para poder mantener la necesaria garantía del equilibrio, y que dicha garantía es una razón imperiosa de interés general. Finalmente justifica dicha restricción como la única forma de evitar la utilización de autorizaciones de una comunidad autónoma para incumplir la proporción 1:30 antes mencionada en otra comunidad autónoma.

3. En relación con el requisito de mantener una flota mínima de 7 vehículos destinados a la actividad, el TS entiende que las razones encontradas en la normativa, de garantizar mayor solvencia por medio de esta exigencia, no encuentra cobertura legal ni en la LOTT (que solo requiere uno o más vehículos) ni relevante desde la perspectiva del interés general, por lo que en este extremo da la razón a los demandantes, anulándose dicho requisito.

4. Finalmente, en relación con los requisitos técnicos que los vehículos han de cumplir, entiende el TS que no son requisitos que puedan considerarse como una barrera de entrada al mercado, dado que corresponden a los de la gama media de turismos análogos a los que las administraciones requieren cumplir al sector del taxi, por lo que al amparo de la razón imperiosa de interés general de mantener un equilibrio entre ambos servicios, se justificarían dichos requisitos.

Comentarios a la sentencia

Tras el análisis de la sentencia, entendemos escasos los argumentos y justificaciones que el TS ha esgrimido para no aplicar, por un lado la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y por otro, para permitir restricciones económicas al mercado de los servicios de transporte urbano.

Si bien está claro que el poder judicial no puede entrar a decidir cuál es la reglamentación precisa que la administración ha de realizar al regular un sector económico, también entendemos que el TS hubiera podido entrar a analizar mucho más a fondo los hechos y que su argumentación hubiera podido ser más contundente.

Más allá de dar la razón a la Administración y mencionar en numerosas ocasiones la idea del necesario y adecuado equilibrio entre el sector del taxi y de los VTC, no encontramos argumentación o razones técnicas al fallo del TS, tratándose en nuestra opinión de una sentencia que parece tener un tinte más político que jurídico.

Consideramos que se ha dejado pasar una buena oportunidad para avalar la razón de ser de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y para evitar la imposición de barreras innecesarias que frenen la innovación y la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

Por J. Nicolás Otegui Nieto

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The Roche-Novartis case: is competition law widening its frontiers?

The preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU), in the Italian Roche-Novartis case confirms a slow but steady trend towards the widening of competition law frontiers by considering misleading information an infraction of competition law.

As technology and business models develop, we are increasingly seeing regulators grapple with the question of what legal tool should be used to tackle market distortions.  Competition law’s ultimate goal of protecting consumers – and the fact that regulators often have both consumer and competition powers – seem to be prompting competition decisions that blur the lines with consumer law.

Most recently, on 23 January 2018, the CJEU responded to the questions raised by an Italian court in relation to the sanction imposed on Roche and Novartis by the Italian Competition Authority (AGMC) for disseminating misleading information about a pharmaceutical product in order to shift demand to another product. The CJEU considered that such conduct could be understood as an infraction by object of article 101 of the TFEU.

One of the novelties of this case is that we normally associate misleading information with infringements related to consumer protection, rather than competition law. It is also interesting that the CJEU labeled this an infringement by object.  By their nature, the category of infringements by object are those considered so harmful to competition that their anticompetitive effects do not need to be proven (for example, price fixing; exchanges of sensitive information; limiting output/sales; setting minimum resale prices; limiting exports). Giving this infringement the ‘object’ label therefore means that the provision of misleading information may be illegal without any actual impact on competition.

The Italian case and its context

Hoffman-La Roche granted a license to Novartis to market the medicinal (ophthalmological) product Lucentis, which shared its clinical development with the medicinal (oncological) product Avastin. Avastin was marketed in Italy prior to Lucentis and than the latter. For this reason, Italian doctors began to prescribe the off-label use of Avastin for the treatment of ophthalmological diseases, since both products derived from the same active substance.

Under this framework and because the sales of Lucentis (by Novartis) were experiencing losses in Italy, both undertakings agreed to produce and disseminate misleading information about the perception of the risks associated with the off-label use of Avastin in ophthalmology, in order to increase the demand in favor of Lucentis (which was ten times more expensive).

The agreement targeted both doctors and the European and Italian medicines agencies. Following an analysis of the legal context of the case, the CJEU’s understanding was that the objective of the information disseminated was not to fulfil pharmacovigilance or regulatory obligations; but rather was intended to manipulate the perception of the medicines agencies and Italian doctors regarding the off-label use of Avastin, to shift the demand to Lucentis.

Other national precedents

Both in Spain and in France there have been recent cases in which the use of misleading information was sanctioned for being collusive and abusive infringements of competition law.

  • Spain: In 2012, in case S/0256/10 Inspecciones Periódicas de Gas, two trade associations were sanctioned by the Spanish competition authority for sending misleading information to the local administrations that had asked what the official price of mandatory gas inspections should be in their jurisdictions. The sanction was based on Article 1 of the Spanish Competition Act (equivalent to Article 101 of the TFEU). The Spanish competition authority concluded that the use of misleading information was a key factor in the infringement. The defendants took advantage of a change in legislation to mislead local administrations into setting the legislative price above the true market level.

 

  • France: In 2013, in case n° 13-D-11 Sanofi-Aventis, the pharmaceutical company Sanofi-Aventis was sanctioned by the French competition authority (a decision which was subsequently confirmed by the French courts) for the dissemination of misleading information about the characteristics of a medicine related to the treatment of cardiovascular diseases (clopidogrel). Sanofi-Aventis made use of the brand-name recognition of their patented blockbuster Plavix (clopidogrel) to give legitimacy to the dissemination of misleading information about patent-related differences in relation to the generic alternatives. This dissemination was aimed at frightening doctors so that they did not prescribe generics and persuading pharmacists not to substitute Plavix. This conduct was sanctioned as an abuse of a dominant position. Losses to the French health system were estimated at € 30m.

 

Confirmation of a growing trend

In the Italian case, the CJEU referred to the fact that, under European regulations on medicinal products, all information intended for the public and the competent authorities must be presented objectively and without misleading information by the owner of the marketing authorisation.

In addition to the analysis of the legal context, and as a point of connection with the other two cases, the CJEU took into account the broader context of the conduct, and considered that the disclosure of such misleading information may cause doctors not to prescribe the use of Avastin for the treatment of eye diseases. Finally, the CJEU confirmed the view of the AGMC that an agreement between competitors in this sense could be considered as a ‘by object’ infraction (not needing proof of its harmful effects in the market).

The Spanish and the Italian cases have in common the fact that the undertakings took advantage of the legal context to convey the misleading information to the relevant authorities to attain their anticompetitive goals. In contrast, in the French case, the undertaking disseminated the misleading information directly to the market players that could shift the demand towards the generic products.

Ultimately, what all of the cases have in common is that the competition authorities are taking into consideration the use of misleading information to assess whether or not undertakings committed infractions of competition law.

Comment: who said you can’t teach an old dog new tricks?

In spite of the fact that competition rules are “old”, from the cases analyzed we have reached two conclusions:

  • We may be facing the broadening of the “by object box”, which, pursuant to the judgment of the CJEU, could now include agreements to disseminate misleading information (depending on the context of the conduct); and
  • Competition authorities may be able to keep up with the pace of undertakings and the sophistication of their conduct by including “new” behaviors in their repertoire of “tricks”.

By: J. Nicolás Otegui Nieto

The Court of Justice of the European Union has reached a decision on the collusive practices carried out in Italy by Roche and Novartis when marketing the medicinal products Avastin and Lucentis

The Court of Justice of the European Union has resolved the preliminary question raised by the Consiglio di Stato (the Italian Council of State) and, in accordance with the conclusions of the Advocate General, it concludes that the dissemination of misleading information about a medicinal product could be considered as a breach by object of article 101.1 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

On 23 January 2018, the Court of Justice of the European Union (“CJEU“) made a ruling on the preliminary questions raised by the Consiglio di Stato in relation with the sanctions imposed on Roche and Novartis by the Italian Antitrust Authority (“AGCM“), for carrying out practices aimed at disseminating misleading information about a medicinal product to condition its demand in favour of another product that is ten times more expensive (C-179/16). With regard to the background of this matter, please see our previous publication on the Advocate General’s opinion on this proceeding.

In the ruling, the Court considers that an agreement between two companies that market two competing medicinal products to disseminate misleading information about the adverse effects of the use of one of those medicinal products with the clear aim of shifting demand in favour of the other product, constitutes a restriction of competition “by object” in accordance with article 101.1 of the Treaty on the Functioning of the European Union  (“TFEU“).

The CJEU arrived at this conclusion after conducting an interesting analysis of two main issues, the relevant market of both medicinal products (note that Avastin was not authorised for the treatment of eye disease) and the nature of the misleading information disclosed, in light of EU regulations on medicinal products.

In Competition Law, the market definition should include all those products that consumers consider as interchangeable or substitutable with each other. In this case, the market would contain all those products that are used for the same therapeutic purpose. Given that Avastin and Lucentis were owners of valid marketing authorisations at the time of the infraction, the prescribed off-label use of Avastin under medical supervision, led to both medicinal products falling under the same market definition.

With regard to the nature of the misleading information disclosed, and from a regulatory point of view, the CJEU understands that its objective was not related to the fulfilment of pharmacovigilance obligations, but that it was intended to try to create an artificial distinction between Avastin and Lucentis, thereby manipulating the perception of the EMA and the competent authorities in Italy regarding Avastin.

On this point, the CJEU has conducted an interesting analysis of the legal context in which the behavior is defined, making reference to the European regulations on medicinal products in accordance to which the information intended for the public and the competent authorities must be presented objectively and without misunderstandings by the owner of the marketing authorization.

In addition, the CJEU considers that the disclosure of such misleading information may cause doctors not to prescribe the use of Avastin for the treatment of eye problems. Therefore, an agreement between competitors with this objective in mind can be considered as behaviour that is harmful to competition by object, the consequence of which is that it will not be necessary to test the effects of such agreement on the market.

In consideration of the foregoing, it can be said that this ruling is significant since it is the first time that the concept of a restriction by object has been applied to an agreement that (if the premises established by the CJEU are confirmed by the national courts) is aimed at disseminating allegedly misleading information about the safety of a medicinal product.

It is now just a matter of waiting for the ruling of the Consiglio di Stato on the national lawsuit, to validate if the interpretation of the CJEU is accepted and the sanction imposed by the AGCM on Roche and Novartis is confirmed.

By: J. Nicolás Otegui Nieto and Gemma Sammuel.

New State Aid analytical grid for Energy Infrastructures

The European Commission (EC) has updated its State Aid analytical grid on the notion of State Aid to Energy Infrastructure. This working document promises to give undertakings the necessary tools to self-assess whether State Aid is part of their infrastructure projects.

Introduction and applicable criteria for energy infrastructure

The 22 November 2017 the EC has updated its analytical grid in relation to State Aid in the financing of construction, replacement, upgrading and operation of energy infrastructures.

These grids must be complemented by the definitions contained in the Guidelines on State Aid for environmental protection and energy 2014/2020.

The grids apply to energy infrastructure, in particular to transmission, distribution and storage infrastructure for electricity, gas and oil. This guidance will not be applicable to energy production units and district heating and cooling units.

Cases in which the existence of State Aid may be excluded

  • Construction or management of infrastructure in legal monopolies: In legal monopolies, the Transmission System Operator (TSO) and the Distribution System Operator (DSO) are the only entitled entities to operate the network. The legal monopoly excludes competition on and for the market; thus, there is no competition with other alternative energy networks. Cross-subsidization must not exist in cases where the infrastructure operator is active in another (geographical or product) market to be able to exclude possible State aid.
  • Construction of energy infrastructure in natural monopolies: In Member States where it is uneconomical to duplicate electricity or gas infrastructures, distortion of competition may be excluded if the infrastructure cannot be duplicated and no other operators other than TSO/DSO are involved. In addition, alternative financing, apart to that of the TSO/DSO must be insignificant and the infrastructure must not be designed to selectively benefit a specific undertaking. The funds must also not be used to cross-subsidise other activities of the TSO/DSO.

Cases in which potential effect on trade cannot be excluded

The EC highlights that there are certain categories of infrastructures that are built by market actors with market financing; thus, they could not be legal or natural monopolies. Per categories, those infrastructures might be:

  • Electricity: interconnectors and storage facilities that are typically revenue-generating facilities and are activities open to competition.
  • Gas: Gas storage, LNG terminals, import pipelines and interconnectors. Only in specific situations this infrastructures can be part of a legal or natural monopoly, thus, the existence of aid might be ruled out.
  • Oil: Since infrastructure in this market is generally developed by undertakings that compete against each other, aid would normally be considered as State Aid.

Cases where no economic advantage must be granted

We might distinguish three different categories, related to the role of the undertaking:

  • At the level of owner/developer of the infrastructure, State aid can only be ruled out if aid granted by the State is granted under market conditions as if granted by a private investor (same economic terms and conditions of private investors; guaranties; business plan validated by external experts; normal market return; etc.).
  • At the level of operator/concessionaire, the latter should be selected applying the Market Economy Operator Principle, meaning that the concessionaire should not pay less for the use of the aided infrastructure than under normal market conditions. In general, selection must be made applying rules of public procurement in line with the Treaty on the Functioning of the European Union or, applying prior general accepted assessment methodology when there is no tender in place.

When the operator is compensated for rendering services of general economic interest (SGEI), is necessary that (i) the project is necessary for the provision of the SGEI; (ii) compensation parameters are established objectively and transparently in advance; (iii) no compensation beyond net costs and only reasonable profit; (iv) the SGEI is assigned through public procurement or the compensation does not exceeds what an efficient company would require.

  • At the user level, an operator that received aid or that operates State infrastructure might grant an economic advantage to the users of the infrastructure if they are undertakings. In those cases, an economic advantage might be ruled out if the fees for use/access have been set in a competitive, transparent, non-discriminatory and unconditional tender process. In cases of energy and gas transmission networks, aid would not constitute illegal aid if the tariffs are regulated and access is granted on fair and non-discriminatory conditions.

Cases where there is no need to notify the granted aid

As in the past, aid can be granted without notification if it complies with the thresholds laid down in the Commission Regulation (EU) nº 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and the Commission Decision, of 20 December 2011, on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest.

Cases where clearance is required

If the aid does not comply with any of the aforementioned criteria, clearance from the EC must be obtained. The assessment, besides taking into account the rules of State Aid (please refer to the link bellow), will also need to take into account the conditions detailed in the Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020 and, if is the case, the European Union framework for State aid in the form of public service compensation (2011).

Link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_energy_en.pdf

By: J. Nicolás Otegui Nieto

Connected cars and competition law

The connected car is a reality that will make many regulations interplay. The orchestra of the connected car will perform many tunes, but among others, competition law will take part in the musical score.

Introduction

The connected car will soon become a reality. Whether this is in the form of a fully autonomous car or something halfway between the vehicle we currently know and a fully autonomous car, will depend on the market, innovation within the automotive industry and government regulations.

What is certain is that the connected car will bring many competition law implications for businesses and undertakings that participate in its development. Our aim is to give you a first glance at the possible competition law challenges that the development of the connected car could face.

Realities that will affect the connected car

Among many other realities, the development of the connected car will have an impact in the fields of Original Equipment Manufacturers (OEM’s); joint ventures and mergers between car manufacturers and developers; software and hardware development/production; ownership of data; information sharing and exchanges; smart grids; etc.

We will now mention some of the aforesaid realities or developments from the perspective of some of our traditional competition law “boxes”.

Abuses of dominance and essential facilities

As a first example, nowadays a port in our car allows us to connect a dongle, and to transform it into a connected car. The dongle can gather information that would allow many industries (mapping companies; telecom companies; petrol stations; insurance companies; etc.) to offer a wide variety of services to us. However, what if a dominant telecom company offers all of its clients a dongle for free?

Suddenly, the possibility to connect to this dongles’ network becomes the only way that many companies will have to offer their services to this group of clients (or gather the information to do so) and any conditions and clauses contained in the agreements that such telecom company signs with other companies would need to be scrutinized under competition law rules for abuse of dominance, or even under article 101 of the TFEU.

As a second example, smart grids for recharging batteries of electric cars are already in place in many European cities. Some of these grids are owned and managed by private companies that were granted with administrative authorizations. When the use of electric cars and electric connected cars becomes generalized, these grids could be considered as essential facilities, because there will be no space in crowded European cities to set up new smart grids. Thus, the doctrine on essential facilities will need to be applied to them.

Information sharing

Existing undertakings in the OEM, software and car manufacturer sectors will need to collaborate to develop improved and safer connected cars. This, in principle, is good for competition and for consumers, because we will enjoy better and more affordable products and services.

However, such a close collaboration in the form of information exchanges is very near to possible competition law infringements. The current rules on information sharing and collusive agreements would have to be applied to these types of exchanges, and the competition authorities will need to balance the correct application of those rules without hindering the R+D related to connected cars.

Merger control and joint ventures

There is a growing trend to assess mergers, not only under turnover rationale, but also, in relation to the actual value of the transaction. Thus, undertakings will need to assess with care if the envisaged operation will need to be notified, or even if some commitments need to be proposed to the competition authority reviewing the merger (for instance, offering access on fair, reasonable and non-discriminatory conditions to the technology that the target is developing)

Conclusions

Although traditional competition law boxes may appear to be outdated, at first glance, and clash with new realities such as the connected car, at a second glance, we have seen that they are fit for purpose, but close attention needs to be given in the way competition authorities and undertakings apply them while assessing new realities.

In this new context, companies will need to assess and seek advice on the way competition law rules could be applied to their businesses in relation to developments linked to the connected car to avoid any competition law related concerns.

Spain: new judgment affecting the interpretation of the Single Economic Unit Doctrine

The Spanish High Court (Audiencia Nacional) has issued a judgement, in the framework of a special procedure for the protection of constitutional rights, which interprets the Single Economic Unit Doctrine away from settled case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU).

The “Single Economic Unit Doctrine” and its implications for companies

Under competition rules, two or more separate legal entities may be treated as one because of their economic links. This means that when the European Commission or a National Competition Authority sanctions infringements of article 101 of the TFEU, such as cartels, they can make a parent company responsible for the wrongdoing of its subsidiary. In the Akzo Nobel case, the CJEU held that a 100% control over a subsidiary creates a rebuttable presumption of decisive influence over the subsidiary company. It came to the same conclusion in cases of “almost wholly owned” companies in the Legris Industries case.

This means that undertakings cannot be held liable for price agreements between companies of the same economic group; but, it also means that parent companies can be held responsible for their subsidiaries. This is settled case law at an EU level, as well as at a national level in Spain.

The Spanish Competition Authority (CNMC) sanction

In 2015, the CNMC, by applying articles 101 of the TFEU and 1 of the Spanish competition act, sanctioned Respol, S.A. for the wrongdoing of its 99,78% controlled subsidiary company Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

The CNMC considered in its decision that, by application of the Single Economic Unit Doctrine, Repsol, S.A. was liable for the conduct of its “almost wholly owned” company. The CNMC also considered that Repsol, S.A. did not meet the threshold under case law to rebut the presumption of control – by demonstrating that its subsidiary acted on its own initiative despite being “almost wholly owned” when infringing competition rules.

Based on this reasoning and on the settled case law of the CJEU and the Spanish courts, the CNMC directly sanctioned Repsol, S.A. for the wrongdoing of its subsidiary, without addressing its decision to its subsidiary.

The “controversial” Spanish High Court (Audiencia Nacional) judgement

Repsol, S.A. appealed the CNMC’s decision before the High Court in two separate proceedings: one related to the amount of the sanction and the substantive issues of the decision; and the other focused solely on the way the sanction was addressed, based on the constitutional rights of culpability and personal responsibility. In this second judicial process, Repsol, S.A. argued that the declaration of sole responsibility of the parent company in the decision, without addressing it also to its subsidiary, violated the Spanish constitutional principles and the provisions of the Spanish competition act.

Although the High Court started its reasoning by referring to the Akso Nobel case, the Single Economic Unit Doctrine and the requirements to rebut the presumption of control, its reasoning appeared to depart from settled case law by implicitly restricting the CJEU interpretation of the doctrine and its rebuttable presumption solely to subsidiary companies controlled 100% by the parent company.

The High Court based its reasoning on the finding that the objective responsibility principle despite the fact that the Single Economic Unit Doctrine and the law of the CJEU specifically address this issue, providing that the use of this doctrine avoids the objective responsibility of parent companies. Nevertheless, the High Court upheld Repsol, S.A.’s appeal and annulled the decision of the CNMC.

Conclusions and possible consequences

The main conclusion from this case is that the High Court appears to have detached itself from its own settled case law and that of the CJEU on the interpretation of single economic unit doctrine.

The major practical impact of this judgement is that it will undoubtedly be used by practitioners to defend companies in all pending proceedings against decisions of the CNMC that applied article 101 of the TFEU before the Spanish High Court.

Finally, this judgement and its possible implications for the uniform interpretation of EU law will have to be clarified, either by the Spanish Supreme Court, or by a preliminary ruling of the CJEU. The CNMC has the opportunity to appeal this judgement before the Spanish Supreme Court and the European Commission could act as Amicus Curiae in this proceeding, or in any other proceedings that may apply this judgement, to clarify the correct interpretation of the Single Economic Unit Doctrine in Spain and, accordingly, under EU law.

Posible protección de los DDHH de las empresas en los procedimientos de Competencia según la doctrina de Estrasburgo

  1. El art. 6 de la CEDH

En el texto del Art. 6, vemos: Derecho a un proceso equitativo

“1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.

  1. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
  2. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
  3. a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;
  4. b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;
  5. c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan;
  6. d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra;
  7. e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.”

Como vemos, todos estos derechos no distinguen entre persona física y jurídica, aunque haya sentencias que apliquen la protección a las personas físicas de manera menos celosa que a las jurídicas.

En el Caso Bosphorus[1] se ve como sí se le pueden aplicar estos derechos a las personas jurídicas en defensa de las actuaciones del Estado, ya sean administrativas, o judiciales.

La idea de este trabajo, es ver como a pesar de no tener mención expresa en alguna sentencia española, los principios contenidos en el Art. 6 del CEDH, las sentencias como la citada, son de aplicación obligada por los tribunales españoles.

Ya sea por el efecto vinculante de las sentencias de Estrasburgo, o bien, a pesar del debate alrededor, por el contenido de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, por un lado, y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el otro.

Al tener un contenido casi análogo la Carta a la del Convenio, y por aplicación del principio de supremacía del derecho de la Unión al de los Estados miembro, aun cuando no haya sentencias de Luxemburgo, los jueces españoles están obligados a aplicar la Carta, ello, sin perjuicio claro, de la vinculación que tienen a las Sentencias de Estrasburgo, y de Luxemburgo.

Recordando que el principio mencionado es uno de creación jurisprudencial al estilo del Common Law, lo cual a los actores de tradición continental les “choca” un poco, pero que es igualmente legal y aplicable a los tribunales de cualquier Estado miembro de la UE. Ya mencionado esto en el Tratado de Lisboa.

Así en Van Gend en Loos[2] se reconoce que la Unión (por entonces la Comunidad) constituía un nuevo orden legal por el cual los Estados voluntariamente por medio del derecho internacional convencional habían cedido parte de su soberanía, y que esto era necesario para la consecución de los objetivos de la Unión.

Finalmente, en el Caso Flaminio Costa v ENEL[3] se aclara que, el derecho de la UE al contrario con otros tratados internacionales, tiene un sistema legal propio, el cual deviene en parte integral del ordenamiento de los Estados miembro.

Por ende, en la UE, somos privilegiados al tener el mejor sistema de aplicación del CEDH, dado que además de vincularnos el Convenio propiamente dicho, nos obligan las sentencias de Estrasburgo, luego a nivel de la UE, nos obliga la Carta Europea, las sentencias del TJUE que aplican tanto la Carta, como las que toman suyas las sentencias de Estrasburgo y el Convenio, y finalmente, obliga a todos los jueces Españoles el principio de supremacía la aplicación de la Carta, y vincula a los mismos la jurisprudencia de ambos tribunales.

  1. Su equivalente en la Carta Europea de Derechos Fundamentales

Como se ha adelantado en la sección anterior, en el marco de la UE, contamos con un equivalente al CEDH, la Carta. A pesar de las discusiones en torno a la adhesión de la UE como tal al Convenio, a nivel estatal, no cabe ninguna duda que el Derecho de la Unión (además de la vinculación convencional de cada Estado) obliga a los Estados miembro a aplicar los principios de Derechos Humanos contenidos en el Convenio por medio de la Carta.

Tanto así, que si un Estado miembro de la UE no fuera signatario del CEDH, sus principios y las sentencias de Estrasburgo le serian de obligado cumplimiento por medio de la Carta, y todas las sentencias de Luxemburgo que hagan suyas doctrinas o sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Por ende, los ciudadanos de la UE no podemos estar mejor protegidos en nuestros Derechos Humanos.

Yendo un poco más profundamente, en la UE, el TJUE ha reconocido que al derecho de la UE se le aplican todos los principios de derecho reconocidos en los Estados miembro, en el marco de la discusión del principio de supremacía del derecho de la Unión, y por miedo a que algunos principios constitucionales y estándares incluidos en los ordenamientos de algunos Estados no fueran respetados en otros, y así no tener un nivel de protección similar para los Derechos Humanos en toda la Unión.

Así en el Caso Stauder[4] donde el TJUE reconoció la dignidad humana como un derecho fundamental del ordenamiento de la UE, como parte de un principio más profundo de los principios generales del derecho y los derechos humanos.

Asimismo, antes de la Carta, el TJUE ya reconoció que la Convención es una fuente de especial significado para el derecho de la UE en el marco de la protección de las libertades creadas por los Tratados constitutivos de la UE.

En Rutili[5] el tribunal en Luxemburgo manifestó que los poderes de los Estados miembro y de la UE para proteger los derechos de los ciudadanos en referencia a todas las materias de derecho de la Unión (en aquel entonces Comunitario) con contenido relacionado a los derechos humanos, estaban embebidas en los principios generales del CEDH.

Tras toda esta evolución jurisprudencial desde Luxemburgo se materializo en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que no es otra cosa que cristalizar todos los logros en base principios embebidos por la Convención y las tradiciones constitucionales.

En el año 2000, a pesar de las enmiendas presentadas por Reino Unido, Polonia y República Checa, para limitar el alcance de la Carta en sus Estados, se logró la Carta Europea de Derechos Fundamentales, parte del sistema de Tratados de la UE, por ende siendo ya de obligado cumplimiento no solo para los jueces de Luxemburgo, sino para los jueces nacionales.

Antes de entrar a ver la equivalencia del art. 6 del CEDH con la Carta, es interesante hablar de las clausulas horizontales (art. 53 de la Carta), las cuales vienen a decir más o menos, que en cada Estado siempre se puede aplicar la Carta y toda protección a los Derechos Humanos de modo más celoso, diríamos por arriba de los principios mínimos (CEHD, Carta, jurisprudencia de Estrasburgo y Luxemburgo en referencia), pero nunca por debajo de aquellos estándares.

  • Equivalencia propiamente dicha

En los arts. 47 y 48 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, se puede encontrar la equivalencia al art. 6 del CEDH.

Así su art. 47 dice:

“Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.”

Y su art. 48:

Presunción de inocencia y derechos de la defensa

  1. Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
  2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.”

Como vemos, el contenido es casi exacto al del CEDH. Y esta protección va más allá de los procedimientos contra personas físicas, por ende, también incluye a las personas jurídicas.

Hay una discusión en cuanto a la frase del art. 47 que dice “garantizados por el Derecho de la Unión”, y si la misma quiere decir que solamente serán protegidos estos derechos, y por ende aplicada la carta  a los procedimientos frente a instituciones europeas y el TJUE.

Pero dicha discusión se salva por un lado infiriendo del art. 48 que habla de “Acusado”, dado que los tribunales de Luxemburgo no tienen potestades penales, lo cual hace caer la confusión de entrada.

Si bien se ha de respetar el ingrediente europeo en el caso, sea por ámbito personal, cuando una persona física/jurídica de un Estado miembro, reclama en otro, o, sea por aplicación del derecho de la UE. Pero hablando de personas jurídicas y sus derechos, es altamente probable que se pueda aplicar la protección equivalente, si yendo por la vía del derecho de la UE, dado que sabemos que por vinculación es directamente aplicable la CEDH y la jurisprudencia de Estrasburgo.

Y, por otro, dado que el concepto Derecho en el ordenamiento de la Unión, como se ha visto en la jurisprudencia citada en el punto 1, es mucho más que lo positivamente “impreso” en los Tratados o instrumentos de derecho derivado, incluyendo los principios generales de derecho de los Estados miembro, la jurisprudencia de Luxemburgo que más de una vez incluye y hace suya la de  Estrasburgo.

  1. La protección de las personas jurídicas por medio del Convenio en sus derechos de defensa y procedimiento equitativo

Si bien hay que tener en cuenta que como en personas físicas, también en personas jurídicas la protección de los derechos humanos no es una protección absoluta.

No hay que olvidar que los procedimientos administrativo-sancionadores son de naturaleza cuasi-criminal, con lo cual, las personas jurídicas en el marco de los procedimientos sancionadores, en los Estados firmantes del Convenio, han de ser investigadas respetando todos los principios contenidos en el art. 6 del CEDH.

Sin perjuicio que el tribunal de Estrasburgo en O’Halloran[6] ha dicho que en cuanto a personas jurídicas, hay que matizar según el contexto, dado que no se puede garantizar con el mismo celo los derechos de éstas como si fueran un ciudadano.

“While the right to a fair trial…is an unqualified right, what constitutes a fair trial cannot be the subject of a single unvarying rule but must depend on the circumstances of the particular case.”

En Jussila[7] el tribunal de Estrasburgo distingue entre dos categorías de derecho penal, entre las tradicionales, el propiamente dicho Derecho Penal contenido en el Código Penal, y las categorías que no pertenecen estrictamente a la tradicional, en este caso podemos decir que todas les leyes aplicadas en procedimientos administrativos sancionadores, como por ejemplo, el Derecho de la Competencia.

“What is more, the autonomous interpretation adopted by the Convention institutions of the notion of a “criminal charge” by applying the Engel criteria have underpinned a gradual broadening of the criminal head to cases not strictly belonging to the traditional categories of the criminal law, for example administrative penalties (Öztürk, cited above), prison disciplinary proceedings (Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, Series A no. 80), customs law (Salabiaku v. France, 7 October 1988, Series A no. 141-A), competition law (Société Stenuit v. France, 27 February 1992, Series A no. 232-A), and penalties imposed by a court with jurisdiction in financial matters (Guisset v. France, no. 33933/96, ECHR 2000-IX).”

 

  1. La equivalencia en la protección de los DDHH en el sistema de Luxemburgo

Podemos ver, como a las personas jurídicas el TJUE ya ha reconocido derechos típicamente personales, o de un procedimiento criminal contra personas físicas.

Así en Solvay[8], en Luxemburgo, se anuló una decisión de la Comisión Europea, dado que a la persona jurídica no se le dio acceso al expediente ni se le respetó el derecho a ser oída.

La particularidad de esto, es que si bien la protección de la Carta, es solamente aplicable a procedimientos ante las instituciones de la UE, o casos con ingrediente de la Unión, una vez dictada la sentencia, la misma obliga a todos los tribunales y administraciones nacionales, dado que el Derecho de la Unión, es directamente aplicable en los Estados miembro, queriendo decir esto, que en una especie de efecto cascada, lo que en un principio solo era posible peticionar en instancias europeas, pasa a ser posible en instancias nacionales.

Podemos decir que por “positivación” de esos principios en la jurisprudencia que vincula luego a los tribunales españoles.

  1. Secreto profesional y Derechos Humanos de la persona jurídica

Así como en todo Estado de derecho, es un derecho fundamental del procesado el derecho a que todo lo que su abogado le diga o éste le diga a su abogado, no es pacífico en la UE que los abogados in-house de las personas jurídicas cuando asesoran y defienden a sus empleadores sean abogados pasibles de la protección del secreto profesional, incluso si colegiados.

Así en AKZO[9], la Comisión Europea en el marco de un procedimiento administrativo sancionador (inspección domiciliaria), fue directamente al ordenador del abogado de la empresa y retiro información fundamental, asesoramiento preventivo, en la cual baso su multa. Solamente reconociendo el secreto profesional en comunicaciones de abogados colegiados en la UE, si éstos son externos e independientes.

Cabe recordar que en el Reino Unido se protege lo que ellos llaman Legal Priviledge que no es otra cosa que el secreto profesional de las comunicaciones abogado-cliente. Cabe matizar el caso inglés con el hecho de que algunas infracciones en derecho de la competencia son de carácter penal.

Abriendo un paréntesis, de que en España (donde no se permite el secreto profesional de los abogados de empresa) hay delitos ambientales y fiscales,  con lo cual, si se aplicara el criterio del Reino Unido, y de la protección del abogado de empresa, debiera de permitirse conservar al abogado colegiado in-house el secreto profesional ante las autoridades administrativas.

Recientemente en Bélgica, en el caso Belgacom[10] se reconoció este derecho fundamental de una defensa efectiva, en el marco de un procedimiento sancionador de la autoridad nacional belga de la competencia, anulando la decisión por recabar la evidencia en la que se basó la sanción en la información que los abogados de la persona jurídica tenían en sus ordenadores.

En este sentido hasta la fecha la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo aún no se ha manifestado, pero sería interesante ver la posición de la Corte interpretando el CEDH en este tipo de casos.

Interesante aún más si en el Protocolo que está siendo negociado se aprueba esta especie de consulta de juez nacional a la Corte al estilo de las “Cuestiones Prejudiciales” en el sistema de la UE.

  1. Vinculación de los tribunales nacionales a las sentencias de Estrasburgo y Luxemburgo

No cabe duda alguna que las sentencias de ambos tribunales son vinculantes para los estados parte de la UE como firmantes del Convenio.

Por ende, si en aplicación de la doctrina emanada del Convenio o de la propia carta, uno de los dos tribunales en Luxemburgo sienta jurisprudencia en relación con los derechos del art. 6 del Convenio, aunque no por la vía “tradicional”, que es la de una sentencia de condena explícita a España o no del Tribunal de Estrasburgo, esta sentencia de Luxemburgo, obliga a todas las administraciones públicas en España, sean jueces, sean administraciones sancionadoras.

Por ende, las sentencias citadas anteriormente, tanto las de uno u otro tribunal, además de tener como base el mismo texto jurídico, son todas doctrina interpretativa y vinculante de los derechos fundamentales de las personas jurídicas en el ámbito de investigaciones administrativas.

Pudiendo chocar un poco esta interpretación, pero siendo conforme los instrumentos firmados por el Reino de España, tanto el convenio como los tratados de la UE.

 

  1. Procedimientos sancionatorios en el marco del derecho administrativo sancionador

En el marco de un procedimiento administrativo sancionador como es el de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, por dar un ejemplo, con sus claras especificidades, como es por ejemplo la inspección domiciliaria, podemos ver como algunos de los derechos reconocidos a ciudadanos en el ámbito de la Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son posiblemente atropellados a las personas jurídicas.

Desde las prácticas de las autoridades nacionales y autonómicas podemos ver como algunos de estos derechos son posiblemente vulnerados.

Hay áreas grises del procedimiento en sí mismo, dejadas a discreción del instructor, pequeños detalles, que pueden tener un gran ataque a los derechos de defensa de los administrados.

Asimismo, mencionado anteriormente, similar al caso Belgacom en España cuando hay inspecciones domiciliarias, las autoridades autonómicas y la CNMC, van directamente al ordenador del abogado de la empresa, lo cual, vulnera el derecho al secreto profesional entre las comunicaciones abogado cliente, más, si el abogado de empresa, en España, es colegiado, y se le aplica toda la protección a su independencia por parte de la administración corporativa.

Así por ejemplo, si bien no exactamente relacionado con el Art. 6, el Tribunal Supremo en diciembre de 2014, ha anulado la res. UNESA[11] de la extinta CNC, por motivación poco precisa de la orden de inspección domiciliaria, por ser muy genérica y vaga, lo cual iba en contra de los derechos de defensa de las empresas eléctricas involucradas y la asociación de empresas.

Como vemos, si se tira un poco más del hilo, estamos a un solo paso para poder empezar a aplicar la doctrina emanada de Estrasburgo para la defensa de los derechos de las personas jurídicas, como en Bosphorus en procedimientos administrativos sancionadores en España, aunque aún queda mucho por andar.

Otra práctica de la cual se quejan mucho las personas jurídicas en este tipo de inspecciones, y al contrario del uso y costumbre de otras autoridades europeas de competencia y la Comisión Europea propiamente dicha, es que a la hora de discutir si un documento, o una carpeta electrónica es confidencial por ser cubierta por el secreto profesional de comunicación entre abogado (externo) y cliente, las autoridades españolas no permiten ni al abogado de empresa ni al consejero externo poder revisar, por un lado, los documentos que son llevados a sede administrativa en caso de no poder terminarse la inspección en sede empresarial, y por el otro, no sellar discos rígidos, para posteriormente ser revisados por los abogados e informáticos de las personas jurídicas investigadas, lo cual, en Bruselas y otras autoridades de la competencia en Europa es práctica usual, para poder así respetar los derechos de defensa de las empresas.

Lo anteriormente mencionado, pone en tela de juicio el cumplimiento de la debida protección a los Derechos de Defensa y debido procedimiento de las empresas en España a la luz de los principios del CEDH, más aun, cuando hemos visto como por una triple vía, se pueden proteger (doctrina de Estrasburgo, de Luxemburgo, y aplicación por los tribunales nacionales).

  1. Conclusiones

Como hemos visto, el Art. 6 del CEDH, desde sentencias como Bosphorus protege los derechos de las personas jurídicas en analogía con los de las personas físicas, distinguiendo claro, en casos en los que no se da un derecho penal tradicional propiamente dicho.

Asimismo, como esta protección se incardina en el sistema jurídico de la UE por medio de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y su cláusula horizontal, que reconoce que en el ámbito jurisdiccional de la UE, no se puede bajar los estándares de la protección ya conseguida, incluidas las sentencias del tribunal de Estrasburgo, se ha matizado claro, que la Carta es aplicable solamente a casos con un elemento europeo, pero, posteriormente a su “positivación” por medio de una sentencia de Luxemburgo, vinculantes y aplicables a los casos nacionales por los jueces españoles.

Finalmente, se ha observado como en España, los procedimientos sancionadores administrativos, distan un poco de cumplir con los estándares que nuestros vecinos europeos, incluida la Comisión Europea cumplen para proteger los derechos contenidos en el Art. 6, a la hora de realizar investigaciones domiciliarias.

Por ende, y sin aun haberse llevado explícitamente este tipo de problemática a Estrasburgo, entiendo que toda la doctrina en cuanto a personas jurídicas, emanada de las sentencias de TEDH, y su recepción en el ordenamiento jurídico de la UE, han de ser respetadas por las autoridades administrativas, y aplicadas en caso de apelaciones por parte de los jueces de la Audiencia Nacional.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

[1] CASE OF BOSPHORUS HAVA YOLLARI TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ v. IRELAND, de 30 de junio de 2005, app: no. 45036/98

[2] Case 26/62, Alegmane Transport-en Expeditie Onderneming van Gend Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1

[3] Case 6/64 [1964] ECR 585, 593.

[4] Case 29/69 Stauder v City of Ulm [1969] ECR 419

[5] Case 36/75 Rutili v Minister for the Interior [1975] ECR 1219

[6] CASE OF O’HALLORAN AND FRANCIS v. THE UNITED KINGDOM, de 27 de junio de 2007, Applications nos. 15809/02 and 25624/02.

[7] CASE OF JUSSILA v. FINLAND, de 23 de noviembre de 2006, Application no. 73053/01

[8] Case C‑616/10, Solvay SA v Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV,Honeywell Europe NV

[9] C-550/07 P – Akzo Nobel Chemicals and Akcros Chemicals v Commission

[10] Cour de Casstion de Belgique, arret c.13.0532.F/1, 22 Janvier2015, Audoritat prés le Conseil de la Concurrece, Autorité Belge de la Concurrence v Belgacom

[11] Expediente Sancionador S/0159/09 Comisión Nacional de la Competencia (Actual CNMC)