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El Tribunal Supremo avala las restricciones a los VTC

En una controvertida sentencia, el Tribunal Supremo avala las restricciones impuestas por la administración al sector de los VTC basándose en el “adecuado equilibrio” que debe existir entre este y el del taxi.

Tras las reformas introducidas en el sector del transporte urbano en 2015, la CNMC y varias empresas y asociaciones del sector de los VTC interpusieron recurso de garantía de unidad de mercado. Dicho recurso finalmente fue resuelto por el Tribunal Supremo (“TS“) el pasado 4 de junio de 2018.

En resumen, en 2015 se introdujeron cuatro tipos de restricciones a los VTC tanto en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (“LOTT“) como en su reglamento: (i) por un lado se permitió a las administraciones mantener una proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi; (ii) requerir a las empresas que presten el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde se obtuvo la autorización; (iii) una flota mínima de 7 vehículos; y, (iv) requisitos técnicos que los vehículos han de cumplir (similares a los del taxi).

La posición de las recurrentes

Las demandas presentadas por las partes compartían como argumentación general contra las restricciones impuestas, que éstas adolecían de falta de justificación al no estar amparadas en razones imperiosas de interés general; ser desproporcionadas y discriminatorias; y que en realidad estaban destinadas a regular o planificar el mercado del transporte urbano en claro favorecimiento de sector del taxi. Los demandantes no entienden que sea justificable económicamente mantener el monopolio del taxi.

Entienden asimismo que la protección del interés público pasa por la desregulación de ambos sectores para que mediante la competencia se llegue al equilibrio, y no mediante una regulación excesiva. También entendían los recurrentes que las restricciones mencionadas no cumplen con la LOTT o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que están dirigidas a planificar el mercado económicamente.

Resultado del recurso: El razonamiento del TS

La argumentación que ha servido de base al TS en su fallo se puede resumir en los siguientes puntos:

  • Que si bien el taxi no es un servicio público, sí constituye un servicio de interés público en el que las administraciones tratan de garantizar determinados niveles de calidad, seguridad y accesibilidad.
  • Que el mantenimiento y aseguramiento de un servicio de este tipo puede considerarse como una razón imperiosa de interés general que justifica medidas regulatorias que puedan afectar la competencia respecto de servicios como los del VTC.
  • Y, finalmente, se expone la premisa más utilizada por el TS en su sentencia, que dado que ambas modalidades compiten por una misma demanda, las razones anteriores justifican el objetivo de garantizar un adecuado equilibrio entre ambas.

Tras la introducción de dichas premisas generales, el TS resolvió sobre cada una de las restricciones del siguiente modo:

1. En relación con la proporción 1:30, el TS entiende que dicha medida es adecuada para garantizar un equilibrio adecuado entre ambas modalidades de transporte urbano. Niega que se trate de una restricción de carácter económico y que sea desproporcionada.

2. En relación con la exigencia de prestar servicios en un 80% en la comunidad autónoma donde se haya obtenido la autorización, el TS reconoce que si bien dicha restricción no posee una cobertura legal específica, si tiene una genérica en la LOTT, por lo que admite que dicha restricción es adecuada para poder mantener la necesaria garantía del equilibrio, y que dicha garantía es una razón imperiosa de interés general. Finalmente justifica dicha restricción como la única forma de evitar la utilización de autorizaciones de una comunidad autónoma para incumplir la proporción 1:30 antes mencionada en otra comunidad autónoma.

3. En relación con el requisito de mantener una flota mínima de 7 vehículos destinados a la actividad, el TS entiende que las razones encontradas en la normativa, de garantizar mayor solvencia por medio de esta exigencia, no encuentra cobertura legal ni en la LOTT (que solo requiere uno o más vehículos) ni relevante desde la perspectiva del interés general, por lo que en este extremo da la razón a los demandantes, anulándose dicho requisito.

4. Finalmente, en relación con los requisitos técnicos que los vehículos han de cumplir, entiende el TS que no son requisitos que puedan considerarse como una barrera de entrada al mercado, dado que corresponden a los de la gama media de turismos análogos a los que las administraciones requieren cumplir al sector del taxi, por lo que al amparo de la razón imperiosa de interés general de mantener un equilibrio entre ambos servicios, se justificarían dichos requisitos.

Comentarios a la sentencia

Tras el análisis de la sentencia, entendemos escasos los argumentos y justificaciones que el TS ha esgrimido para no aplicar, por un lado la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y por otro, para permitir restricciones económicas al mercado de los servicios de transporte urbano.

Si bien está claro que el poder judicial no puede entrar a decidir cuál es la reglamentación precisa que la administración ha de realizar al regular un sector económico, también entendemos que el TS hubiera podido entrar a analizar mucho más a fondo los hechos y que su argumentación hubiera podido ser más contundente.

Más allá de dar la razón a la Administración y mencionar en numerosas ocasiones la idea del necesario y adecuado equilibrio entre el sector del taxi y de los VTC, no encontramos argumentación o razones técnicas al fallo del TS, tratándose en nuestra opinión de una sentencia que parece tener un tinte más político que jurídico.

Consideramos que se ha dejado pasar una buena oportunidad para avalar la razón de ser de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y para evitar la imposición de barreras innecesarias que frenen la innovación y la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

Por J. Nicolás Otegui Nieto

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Los números de atención al consumidor y los derechos de los consumidores a la luz de la sentencia del TJUE en el Asunto C-568/15

Como bien sabéis, la polémica al rededor de los números de atención al consumidor es grande a causa de que, ya sean las empresas, o ya sean las compañías telefónicas, se cobra a los consumidores tarifas especiales por llamar a las empresas prestadores de bienes y servicios para pedir información o para resolver dudas y quejas en relación con lo contratado (los famosos números 901 y 902 de tarifa especial en España).

Justamente en torno a está polémica es que se enmarca la Cuestión Prejudicial elevada por el Tribunal Regional Civil y Penal de Stuttgart, Alemania, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”).

Antecedentes: En el marco de un procedimiento nacional ante dicho Tribunal alemán, una asociación de lucha contra las prácticas comerciales desleales demandó a una empresa dedicada a la comercialización de artículos electrónicos y eléctricos a causa de la tarifa aplicada por ésta a las llamadas realizadas por consumidores en el marco del servicio post venta de sus productos.

El Tribunal alemán, entendió que dicha contienda estaba directamente relacionada con la Directiva 2011/83, sobre los derechos de los consumidores, por la que se ha harmonizado en toda la Unión Europea la legislación relacionada con la protección a los consumidores.

Dicha directiva, en su artículo 21 menciona que:

Los Estados miembros velarán por que, en caso de que el comerciante opere una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el consumidor —cuando se comunique con el comerciante— no esté obligado a pagar más de la tarifa básica.

Lo dispuesto en el primer párrafo se entenderá sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas.

Como vemos, queda claro que el comerciante no ha de lucrarse con el servicio telefónico de atención al consumidor. Lo que no queda tan claro, es el concepto de “tarifa básica” en la práctica, y qué pueden o no hacer las compañías telefónicas en relación con este tipo de llamadas.

La Cuestión Prejudicial: Pues bien, justamente en relación con estás dudas interpretativas es que fueron formuladas las preguntas al TJUE.

Así, el Tribunal alemán, preguntó lo siguiente:

  1. Si se puede interpretar del artículo 21 que cuando el consumidor se comunique con el comerciante, en relación con un contrato celebrado, no ha de soportar un mayor coste que el que supondría una llamada a un número fijo o móvil estándar; y,
  2. Si el artículo 21 se opone a que el consumidor tenga que soportar los costes facturados por la empresa de telefonía por el uso de ese servicio, aun cuando dichos costes sean mayores que los que supondría una comunicación normal, o, si esto es posible siempre y cuando el operador de telefonía no transfiera al comerciante una parte del precio que le cobre al consumidor por dichas comunicaciones.

El TJUE resolvió estas preguntas de manera conjunta, si bien, ha dejado un poco de lado la respuesta en relación con lo que pueden o no pueden hacer las empresas de telecomunicaciones en relación con este tipo de servicios.

En cuanto a la primer cuestión, el TJUE ha interpretado el concepto de “tarifa básica” a la luz del contexto en que se enmarca. Es decir, a la luz de la Directiva 2011/83 y del uso normal y corriente del lenguaje.

Así, resalta que si el artículo 6 de dicha Directiva, en relación a la fase pre-contractual, realiza una interpretación de dicho concepto en el sentido de costes por encima de lo normal, no justificándose, por ende, que en la fase post-contractual no se entienda del mismo modo.

Que la directiva, en su esencia, entiende que cualquier coste adicional, que no sea el habitual, no ha de ser soportado por el consumidor. Y, que, el fin de la Directiva es lograr un nivel elevado de protección a los consumidores.

Recordando que los derechos de los consumidores se encuentran consagrados en el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Finalmente, en relación con lo que pueden y no pueden las compañías telefónicas en relación con este tipo de servicios, ha de decirse que el TJUE ha pasado un poco de “puntillas” por este aspecto de las preguntas.

Lo único que menciona el TJUE, es que el hecho de que el artículo 21 de la Directiva mencione que las compañías telefónicas tengan derecho a cobrar las llamadas telefónicas a los consumidores, no afecta todo el razonamiento realizado en la sentencia. Es decir, siempre y cuando las empresas telefónicas no cobren a los consumidores más allá de los costes que habitualmente habrían soportado por una llamada estándar, podrían hacerlo.

Conclusiones: Pues bien, como vemos, queda claro que las empresas no pueden, ni antes (sin informar) ni después de firmado un contrato, cobrar un coste por encima de lo normal a los consumidores por comunicarse con ellas.

Queda claro, también, que las empresas de telefonía no pueden cobrar más de lo habitual por una llamada estándar al consumidor por comunicarse con la empresa, y que la compañía telefónica no pude pasar parte de sus ganancias (por encima de la tarifa habitual) al comerciante.

Lo que no ha quedado claro, es qué pasa cuando el consumidor está sujeto a una tarifa plana, o qué pasa si es la empresa telefónica la que impone a la empresa comerciante dichas tarifas telefónicas (que lo hace para no perder ganancias o sobre saturar la red sin contraprestación).

¿Puede entonces la compañía telefónica imponer al comerciante una tarifa especial por prestar el servicio telefónico de atención al cliente?

¿Si es habitual , en el contexto económico local, el uso de las tarifas planas para llamadas estándares, puede una empresa telefónica cobrar al consumidor por llamar al servicio de atención al cliente de un comerciante?

A la luz de la Directiva y la Sentencia comentada, queda claro que el consumidor no ha de verse castigado en ninguna forma por hacer uso de sus derechos, entre ellos comunicarse con las empresas para resolver sus dudas o quejas.

Por ende, la respuesta a la segunda incógnita ha de ser negativa. No, la compañía telefónica no puede, y menos desde esta sentencia, cobrar un extra a los consumidores por llamar a servicios de atención al cliente.

Por otro lado, si la empresa de telefonía “pierde” por esto, es una cuestión que habrá de ventilar con el comerciante empresario, y no cargando al consumidor y usuario por efectuar estas llamadas.

Entonces, cabe hacerse una pregunta final, serán capaces los Estados miembros de la Unión Europea de hacer frente a las compañías telefónicas  y decirles que en cualquier caso, al consumidor no se le puede cobrar más que el coste de su “tarifa habitual” por la realización de una llamada estándar.

Cabe ahora, dilucidar qué es lo que una llamada a coste de “tarifa habitual” cuesta a un consumidor y usuario si paga una tarifa plana.

Entiendo que la polémica de los números de atención al consumidor y sus tarifas y repercusión solo empieza.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto