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Los números de atención al consumidor y los derechos de los consumidores a la luz de la sentencia del TJUE en el Asunto C-568/15

Como bien sabéis, la polémica al rededor de los números de atención al consumidor es grande a causa de que, ya sean las empresas, o ya sean las compañías telefónicas, se cobra a los consumidores tarifas especiales por llamar a las empresas prestadores de bienes y servicios para pedir información o para resolver dudas y quejas en relación con lo contratado (los famosos números 901 y 902 de tarifa especial en España).

Justamente en torno a está polémica es que se enmarca la Cuestión Prejudicial elevada por el Tribunal Regional Civil y Penal de Stuttgart, Alemania, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”).

Antecedentes: En el marco de un procedimiento nacional ante dicho Tribunal alemán, una asociación de lucha contra las prácticas comerciales desleales demandó a una empresa dedicada a la comercialización de artículos electrónicos y eléctricos a causa de la tarifa aplicada por ésta a las llamadas realizadas por consumidores en el marco del servicio post venta de sus productos.

El Tribunal alemán, entendió que dicha contienda estaba directamente relacionada con la Directiva 2011/83, sobre los derechos de los consumidores, por la que se ha harmonizado en toda la Unión Europea la legislación relacionada con la protección a los consumidores.

Dicha directiva, en su artículo 21 menciona que:

Los Estados miembros velarán por que, en caso de que el comerciante opere una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el consumidor —cuando se comunique con el comerciante— no esté obligado a pagar más de la tarifa básica.

Lo dispuesto en el primer párrafo se entenderá sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas.

Como vemos, queda claro que el comerciante no ha de lucrarse con el servicio telefónico de atención al consumidor. Lo que no queda tan claro, es el concepto de “tarifa básica” en la práctica, y qué pueden o no hacer las compañías telefónicas en relación con este tipo de llamadas.

La Cuestión Prejudicial: Pues bien, justamente en relación con estás dudas interpretativas es que fueron formuladas las preguntas al TJUE.

Así, el Tribunal alemán, preguntó lo siguiente:

  1. Si se puede interpretar del artículo 21 que cuando el consumidor se comunique con el comerciante, en relación con un contrato celebrado, no ha de soportar un mayor coste que el que supondría una llamada a un número fijo o móvil estándar; y,
  2. Si el artículo 21 se opone a que el consumidor tenga que soportar los costes facturados por la empresa de telefonía por el uso de ese servicio, aun cuando dichos costes sean mayores que los que supondría una comunicación normal, o, si esto es posible siempre y cuando el operador de telefonía no transfiera al comerciante una parte del precio que le cobre al consumidor por dichas comunicaciones.

El TJUE resolvió estas preguntas de manera conjunta, si bien, ha dejado un poco de lado la respuesta en relación con lo que pueden o no pueden hacer las empresas de telecomunicaciones en relación con este tipo de servicios.

En cuanto a la primer cuestión, el TJUE ha interpretado el concepto de “tarifa básica” a la luz del contexto en que se enmarca. Es decir, a la luz de la Directiva 2011/83 y del uso normal y corriente del lenguaje.

Así, resalta que si el artículo 6 de dicha Directiva, en relación a la fase pre-contractual, realiza una interpretación de dicho concepto en el sentido de costes por encima de lo normal, no justificándose, por ende, que en la fase post-contractual no se entienda del mismo modo.

Que la directiva, en su esencia, entiende que cualquier coste adicional, que no sea el habitual, no ha de ser soportado por el consumidor. Y, que, el fin de la Directiva es lograr un nivel elevado de protección a los consumidores.

Recordando que los derechos de los consumidores se encuentran consagrados en el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Finalmente, en relación con lo que pueden y no pueden las compañías telefónicas en relación con este tipo de servicios, ha de decirse que el TJUE ha pasado un poco de “puntillas” por este aspecto de las preguntas.

Lo único que menciona el TJUE, es que el hecho de que el artículo 21 de la Directiva mencione que las compañías telefónicas tengan derecho a cobrar las llamadas telefónicas a los consumidores, no afecta todo el razonamiento realizado en la sentencia. Es decir, siempre y cuando las empresas telefónicas no cobren a los consumidores más allá de los costes que habitualmente habrían soportado por una llamada estándar, podrían hacerlo.

Conclusiones: Pues bien, como vemos, queda claro que las empresas no pueden, ni antes (sin informar) ni después de firmado un contrato, cobrar un coste por encima de lo normal a los consumidores por comunicarse con ellas.

Queda claro, también, que las empresas de telefonía no pueden cobrar más de lo habitual por una llamada estándar al consumidor por comunicarse con la empresa, y que la compañía telefónica no pude pasar parte de sus ganancias (por encima de la tarifa habitual) al comerciante.

Lo que no ha quedado claro, es qué pasa cuando el consumidor está sujeto a una tarifa plana, o qué pasa si es la empresa telefónica la que impone a la empresa comerciante dichas tarifas telefónicas (que lo hace para no perder ganancias o sobre saturar la red sin contraprestación).

¿Puede entonces la compañía telefónica imponer al comerciante una tarifa especial por prestar el servicio telefónico de atención al cliente?

¿Si es habitual , en el contexto económico local, el uso de las tarifas planas para llamadas estándares, puede una empresa telefónica cobrar al consumidor por llamar al servicio de atención al cliente de un comerciante?

A la luz de la Directiva y la Sentencia comentada, queda claro que el consumidor no ha de verse castigado en ninguna forma por hacer uso de sus derechos, entre ellos comunicarse con las empresas para resolver sus dudas o quejas.

Por ende, la respuesta a la segunda incógnita ha de ser negativa. No, la compañía telefónica no puede, y menos desde esta sentencia, cobrar un extra a los consumidores por llamar a servicios de atención al cliente.

Por otro lado, si la empresa de telefonía “pierde” por esto, es una cuestión que habrá de ventilar con el comerciante empresario, y no cargando al consumidor y usuario por efectuar estas llamadas.

Entonces, cabe hacerse una pregunta final, serán capaces los Estados miembros de la Unión Europea de hacer frente a las compañías telefónicas  y decirles que en cualquier caso, al consumidor no se le puede cobrar más que el coste de su “tarifa habitual” por la realización de una llamada estándar.

Cabe ahora, dilucidar qué es lo que una llamada a coste de “tarifa habitual” cuesta a un consumidor y usuario si paga una tarifa plana.

Entiendo que la polémica de los números de atención al consumidor y sus tarifas y repercusión solo empieza.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

 

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Aplicar Competencia a los Estados…?

Se ha sabido, que el derecho de la Competencia solo es aplicable a privados en lineas generales. Pero, y por disparatado que pueda parecer, cada día más y más, por lo menos en la UE, los Estados miembro compiten como si de captar clientela se tratara, en beneficios impositivos, en tener sistemas más eficientes, y así captar la mayor cantidad de inversión posible en sus jurisdicciones. Generando más inversión y más empleo.

Sin discutir las ideas de soberanía nacional, ni los famosos actos de Iure Imperii, en cuanto a los servicios puramente públicos. Si podemos hablar de una concepción mas Mercantil en cuanto al acceso a ciertos servicios públicos, las reglas para entrar en ellos y las posibles barreras de acceso.

Avanzando más en la tesis, si un Estado miembro sabe que un servicio es público, puede abusar esta facultad y jugar con los grises, usando así su posición de dominio en ciertos monopolios legales.

Existe una gran tendencia en la Academia inglesa en apoyar la idea de aplicar los art. 101 y 102 del TFUE, a los Estados junto con los demás artículos y principios del Derecho de la UE, siendo así más armónica la aplicación de todo el Derecho de la UE,

Expongamos un caso ficticio:

Abuso de posición de dominio: La Administración de Justicia, a pesar de emanar de la soberanía y del derecho que un Estado se da a sí mismo. No deja de ser un servicio, que si bien público, no deja de competir con los demás servicios de Administración de Justicia de los demás EM, cada Estado quiere traer a su mercado la inversión de ciudadanos de otros EM, juegan con sus tasas de Impuesto de sociedades, dan excepciones Etc, Etc… Como ya se ha dicho en algún Caso, el Estado es “undertaking” en el sentido amplio del termino, y el mercado, las 28 jurisdicciones.

Cada Estado tiene el monopolio en la justicia, la controla y es expresión de su soberanía, pero si yo atraigo a mi Mercado, inversores con bajas tasas impositivas, y, cuando quieren hacer uso de sus derechos, pongo grandes grandes barreras de entrada, como por ej. Tasas desproporcionadas, abuso de mi monopolio legal, sabiendo que quienes quieran hacer valer sus derechos (incluida la Legislación de la UE) han de pasar por mi Servicio de Justicia, impediría la correcta administración de justicia, haciendo pagar un precio muy alto para acceder al servicio, que es el único quien puede resolverte un problema legal (sin perjuicio que esto pueda atacarse por otras vías en los Tratados).

Por ende, y centrando la atención en el sistema de acceso a la justicia, y no a la justicia en sí misma (expresión de la soberanía nacional, iure imperii, Etc), limitando así el acceso al servicio, que sería como limitar su producción, entendida esta como las sentencias que resuelven los problemas legales de los usuarios del servicio, los ciudadanos.

Quizá sea estirar un poco los conceptos del art. 102 del TFUE, pero, si los Estados miembro se benefician del Derecho de la Unión, para competir sin barreras con otras jurisdicciones, y así, lograr, loablemente, más inversión y empleo para sus nacionales, también, ha de aplicarseles las reglas de juego del mercado al Estado como tal, dado que no es justo invitar a alguien, y luego cobrarle por usar la llave para salir de nuestra casa, o usar el servicio, por lo menos no des-proporcionadamente. Pensemos en Ciudadanos individuales y PYMEs con recursos escasos, o cuestiones de poca monta.

En tiempos de crisis, donde los gobiernos nacionales usan al Estado y sus leyes cada día más como una empresa, hay que plantearse, cada día más, aplicarles las leyes que se le aplican a las empresas, sino es injusto para con los ciudadanos de la UE, y los nacionales propios, dado que inundamos de nuevos usuarios al sistema judicial, pero limitamos el acceso con la excusa que hay muchos usuarios, afectando a propios y extraños.

El Derecho, ha de seguir a la realidad, y no estancarse, aunque a veces sea atrevida la tesis.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

El TJUE define limites de DyP en acciones derivadas de Cártel

Como sabemos, la puerta se esta abriendo para poder cobrar Daños y Perjuicios derivados de Cárteles de precios. Lo que no se sabia hasta ahora, es quienes podían pedir, cuanto y los limites de la reclamación.

En el asunto C-557/12, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en el marco de un caso de cártel de precios en el mercado de la instalación y el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.

Ha llegado a Luxemburgo por una Cuestión Prejudicial por la cual, la Corte Suprema de Austria, obligada por ser ultima instancia (si no es ultima instancia y hay un problema de interpretación o validez del Derecho de la UE el juez no esta obligado a referir a Lux), preguntó, si una disposición de derecho interno austriaco que impide a los afectados por los “umbrella prices” hacer responsables civilmente por daños y perjuicios a los miembros de un cártel de precios, es compatible a la luz del Art. 101 del TFUE, habiendo fallado negativamente los tribunales civiles austriacos de instancias inferiores.

Esta cuestión, la de no solamente saber si los participantes del cartel eran responsables frente a quienes ellos habían vendido con precios inflados, sino ademas, saber si los cartelistas eran responsables civilmente frente a quienes esos habían vendido los productos, por una reclamación de daños y perjuicios. Cuestión que no era clara en todos los tribunales nacionales en los Estados miembro de la UE.

Recordemos, que una vez dictada sentencia en una Cuestión Prejudicial, lo que se diga en ella es directamente aplicable por todos los jueces nacionales de los EM de la UE.

Finalmente, Luxemburgo se ha pronunciado, detallando, no solamente para el caso austriaco, sino para cualquier caso en la UE, que los daños y perjuicios son reclamables por “vía privada” (esto es por los particulares en tribunales), a los responsables de un Cartel de precios, pero no solamente los por ellos cobrados, sino también los cobrados por empresas no participantes en el cártel a terceros.

Esto quiere decir, que ademas de los directamente afectados, las empresas que compraron a los afectados con el precio “inchado”, también pueden reclamar a los miembros del cartel los Daños y Perjuicios, las empresas que compraron a estas primeras.

Así el Tribunal de Justicia declaró que: “El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación y a una aplicación del Derecho interno de un Estado miembro consistente en excluir de manera categórica, por motivos jurídicos, que empresas participantes en un cártel respondan civilmente por los daños resultantes de los precios que una empresa no participante en dicho cártel ha fijado, teniendo en cuenta la actuación de dicho cártel, en un nivel más elevado que el que habría aplicado de no existir el cártel.”

Buenas noticias para consumidores y empresarios a lo largo y ancho de la UE, los empresarios se lo pensaran dos veces antes de entrar en un cártel, dado que ahora pagaran dos veces, a la CE y a los damnificados por su conducta.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto.

Competencia ayuda al Medio Ambiente, sí!

Podría ponerme a escribir sobre lo que todo el mundo está escribiendo, de la Sentencia de Google, pero no, voy a hacerlo de un interesante articulo que un colega Flamenco ha publicado hace poco, hablando de como el Derecho de la Competencia, puede ayudar al Medio Ambiente, o dicho de otro modo, como sus excepciones, pueden lograr que tengamos recursos algunas décadas más, al menos hasta que descubramos como restablecer el equilibro ambiental.

Paso a explicar primero lo que no se puede. El Art. 101.1 del TFUE prohíbe a grandes rasgos todos los acuerdos entre empresas o asociaciones que puedan afectar la competencia, en el caso del tratado dentro del Mercado Interior, en el caso de las leyes nacionales, dentro de cada país.

En particular, dos incisos dicen: “b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;”.

Quiere decir esto, a nivel nacional o europeo, que si tu y yo, productores de bacalao, nos ponemos de acuerdo para pescar menos, para, por un lado no agotar a futuro el recurso, y por otro, intercambiar información de donde hay más peces, hoy día, seria anti-competitivo, afectando la competencia efectiva entre productores, el comercio en la Unión, o en el mercado local, subiendo los precios del bacalao.

El ente regulador neerlandés de la competencia, ha lanzado unas Directrices de como interpretar las excepciones al equivalente local del Art. 101.3, que recordemos dice lo siguiente: “que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante“.

En estas directrices dicen, sin entrar en mucho detalle, que con tal de lograr una explotación sostenible (medioambientalmente), hablando de las eficiencias que pide la excepción, han de ser interpretadas a la luz del Principio de Bienestar ampliamente entendido, quiere decir que a la hora de ver los beneficios y la participación de los consumidores, no solo hay que ver los presentes sino los futuros, aunque, en el corto plazo, este acuerdo, conlleve un aumento de los precios del recurso en sí, pero a largo plazo, hará que este producto siga existiendo y estando disponible.

A todas luces, falta mucho camino por recorrer para poder balancear los intereses que protege el Derecho de la Competencia, con los que se intenta, y bien hecho, proteger desde la Sostenibiliadad en esta interpretación amplia, desde mi punto de vista acertada del gobierno Neerlandés, protegiendo así los recursos para los “Consumidores futuros”.

Por supuesto hay que tener cuidado que esto no sea usado como fachada para circunvalar el Derecho de la Competencia, especialmente si dentro de la definición de recurso escaso, entraran los hidrocarburos, o incluso el agua a futuro, dado que no hay cosa que les gustaría más a ciertos mercados que poder blindarse así de la obligación de competir. Veremos como evoluciona esta tendencia.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

Más protección para los consumidores Online

Como muchos de los lectores saben, a finales de 2011 se sanciono la Directiva 2011/83/UE, en ella se amplían los derechos de los consumidores, especialmente en lo que a las compras on-line se refiere.

Comentario aparte merece que el Estado Español ha tardado más de dos años en transponer a la legislación española la Directiva, queriendo decir esto, que la misma ha sido exigible por nosotros los consumidores desde el 26 de octubre de 2013, dado que según el Derecho de la UE toda directiva que no sea transpuesta a los dos años entra en vigor automáticamente, pero continuemos con los beneficios que nos da esta Directiva a todos los consumidores.

A partir del 13 de junio de 2014 (si queremos invocar la ley 3/2014 que modifica la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), o en su defecto, en puridad técnica desde el pasado 26 de octubre tenemos mejorados los siguientes derechos:

– No más gastos ocultos, queriendo decir esto que empresas como Premium Telecom S.L. no podrán estafar más por solo pasar el dedo en la pantalla de su móvil, osea cada vez que alguien este a punto de hacer un pago (sea desde la plataforma que sea), deberá de aparecer un mensaje para que nosotros confirmemos explícitamente que haremos un gasto. No más fiesta para estos empresarios.

Obligación de informar el coste total y supresión de los costes por pago con tarjetas de crédito: si no se nos incluyen los costes complementarios en el precio que vemos al comprar algo por Internet, no tenemos obligación de pagarlo posteriormente, queriendo decir esto que si compramos un billete de tren o autobús, ya no nos pueden cobrar los famosos gastos de gestión. Poro otro lado, empresas como Ryanair, no podrán poner gastos extra por el uso de tarjetas de crédito si no aparece este recargo en el precio mostrado al principio.

– Mejora en los plazos de desistimiento y devolución de dinero: Se amplia automáticamente el plazo de desistimiento de 7 a 14 días naturales, asimismo, si el vendedor no informa sobre este derecho, como penalidad se amplía el plazo a un año, con lo cual las empresas de telefonía móvil se lo pensaran dos veces a la hora de hacerse los suecos en sus ventas por teléfono.

Este plazo, ahora correrá desde la recepción de las mercaderías en vez de desde el momento de la firma del contrato. Lo cual es lógico dado que hasta que uno no recibe lo que compró no puede saber si es lo que quiere o no.

Finalmente, las devoluciones de dinero por desistimiento han de hacerse en el plazo de 14 días naturales, incluidos los gastos de entrega. Resaltar que el derecho de desistimiento se amplia a las subastas on-line.

– Prohibición de casillas ya marcadas en Internet: Ninguna casilla ya marcada se permite en las opciones de compras por Internet, como por ejemplo seguro adicional o maletas cuando compramos billetes de avión.

De cara a la mejora del mercado interior, se empieza a aplicar la obligación de utilizar formularios normalizados en toda la UE para las ventas a distancia y fuera de los locales de empresa, Y un mismo formulario de desistimiento para toda la UE, facilitando así el ejercicio de ese derecho cuando se está en otro Estado miembro.

A todas luces una gran mejora en la protección que merece la pena ser difundida, dado que los empresarios no la aplicaran a menos que sean obligados por los consumidores.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

Telecos: Ahora es ilegal captar nuestros datos (y antes obligación).

Hace unos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado invalida la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas, en base a los artículos 7, 8 y 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Parece ser, que por mucho estupor que nos causen las noticias de vigilancia por los EE.UU. en nuestro propio jardín, ordenábamos a todas las empresas de telecomunicaciones captar y guardar datos sobre todo lo que hacíamos, por plazos de 6 a 24 meses.

Sin entrar a juzgar si es malo o no, seguro o no el recopilar datos para nuestra seguridad, vemos como el TJUE ha sido coherente con las ideas Europeas en cuanto a Privacidad y Derechos Fundamentales, nos quejarnos de los Norteamericanos, pero aquí en casa se hacía lo mismo o peor, nuestra vida privada estaba en manos de las empresas y sus empleados (ver artículos 1 a 13 de la Directiva).

Tras elevar jueces de Irlanda (Caso C-293/12) y Austria (Caso C-594/12) dos Cuestiones Prejudiciales, preguntando ambos si sus leyes locales, que aplicaban la mencionada Directiva eran correctas, teniendo en cuenta los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la UE.

En Luxemburgo se ha decidido (Sentencia de la Corte de 8 de abril de 2014) que qué las empresas, por si acaso, tuvieran acceso a información, cómo quien eres, cuando te conectas a Internet desde tu móvil, con quien hablas o chateas, qué dicen los mensajes, a quien se los envías, contenido de tus emails etc… y todo ello sin siquiera ser una amenaza real para la Seguridad de la UE. Era un poco exagerado a la luz de los derechos fundamentales de la UE.

Que dicen estos derechos: Artículo 7, derecho a que se respete su vida privada y familiar, su casa y sus comunicaciones; Artículo 8,  derecho a la protección de los datos de carácter personal, datos se tratarán de modo leal, para fines concretos, y respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente; finalmente, Artículo 11, derecho a la libertad de expresión, comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas.

Como vemos, la Directiva 2006/24/CE, a pesar de tener fines loables, era, examinándola bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y subsidiariedad (pilares de la legislación comunitaria) y, a la luz de los derechos fundamentales antes mencionados, completamente invalida.

Veremos finalmente como queda configurada la normativa de Protección y Retención de Datos personales después de esta Cuestión Prejudicial. Lo que si queda claro, es que cada uno de los ciudadanos de la Unión, pueden ahora obligar, por medio de los tribunales, a las empresas a que dejen de retener sus datos.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto

Amazon.com devuelve el dinero por el Der. de la Competencia

Tras el famoso caso de Cartel de precios en el mercado de los Libros Electrónicos (los editores inflaron los precios al consumidor, para no competir entre ellos) a los dos lados del Atlántico. Recordando que en ambos casos, UE y EE.UU. ha terminado convencionalmente, quiere decir qué se ha negociado una salida entre las autoridades y los participantes del Cartel, para así evitar multas millonarias, en base a unos compromisos, básicamente me portare bien, no lo volveré a hacer y en algunos casos (como en los EE.UU.) devolveré el dinero (Sí, habéis leído bien).

Situación en los EE.UU.: Allí dado que es un sistema de Jueces y demandas, el de la competencia, y no de autoridades estatales o de la CE, como en Europa, tras una demanda del Gobierno Federal Norteamericano contra los editores, se llegó a algo similar a las terminaciones convencionales de Europa. La gran diferencia, es que bajo el derecho norteamericano, los afectados (a grandes rasgos) están legitimados, tras la decisión judicial, (en Europa seria la decisión de Autoridad Administrativa de Competencia), a reclamar por vía judicial los Daños y Perjuicios causados por la conducta que afectó a ciudadanos consumidores.

Esto en pocas palabras, te devuelven lo que te han quitado al infringir la legislación de Competencia. Esto es lo que ha pasado hace poco en los EE.UU. donde Amazon.com a empezado a devolver a sus usuarios, dinero por las compras durante la época en que el Cartel de precios ha estado activo. Como vemos en la pagina de Amazon en los EE.UU. la empresa ha empezado a devolver el dinero a los usuarios que compraron libros con el precio manipulado, han tenido también la agradable sorpresa de recibir un email con esta noticia.

De este lado del charco, las cosas no están aun tan color de rosa (Salvo en el Reino Unido, donde las acciones por Daños y Perjuicios son cuantiosas). La CE ha creado un borrador de directiva para sentar las bases de las normas por las que se regirán las futuras demandas de Daños y Perjuicios por infracciones al Derecho de la Competencia. Esto seria un gran avance en el acercamiento de esta rama del Derecho Europeo a los consumidores y afectados por estas practicas, vamos para que se le devuelva el dinero a la gente. Actualmente la propuesta de directiva se encuentra en el Parlamento Europeo en proceso de aprobación, en manos de Asuntos Jurídicos para ser mas precisos.

Esperemos que entre el Reino Unido y la UE no haya roces, dado que los primeros ya tienen una buena legislación al respecto, en vías de reforma actualmente.

En todo caso son buenas noticias, esperemos se apruebe la Directiva y se aplique en los Estados, y así que nos devuelvan el dinero.

Por: J. Nicolás Otegui Nieto